Sheriff Baca dice que no se va
El Sheriff Lee Baca reconoció que en el interior de las cárceles que están a su cargo hay problemas de uso excesivo de la fuerza, pero aseguró que no se trata de una práctica generalizada.
En el 2010 alrededor de 150 mil personas estuvieron algún tiempo en alguna de las siete cárceles del condado que están bajo la operación del Departamento del Sheriff, y según Baca, en ese año se registraron unos 750 “incidentes” de uso de la fuerza, no necesariamente excesiva.
La cifra, consideró el Sheriff, es mínima porque representa menos del 1% de la población carcelaria que estuvo en el año.
“Los oficiales manejan los incidentes con el menor uso de la fuerza, estamos hablando que más del 99% de los internos no estuvieron sujetos al uso de la fuerza, eso es muy significativo”, comentó.
Para Baca, los problemas son naturales en un sistema carcelario con más de 15 mil internos, cantidad que podría subir a 20 mil en uno o dos años por el traslado de reos provenientes de las prisiones estatales. “Nada es perfecto, la gente que está encarcelada es porque cometió crímenes”, comentó Baca.
El Sheriff del Condado de Los Ángeles aseguró que todos las quejas son tomadas con seriedad e investigadas y que desde que está al cargo del puesto (hace 13 años) ha establecido una cultura del cambio y un proceso de renovación constante basado en el entrenamiento, la supervisión y el establecimiento de políticas de respeto a los internos.
Baca se refería al reporte que dio a conocer hace dos semanas la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) que denuncia el sistemático abuso físico y psicológico hacia los reos del condado.
La demanda de uso excesivo de la fuerza por parte de custodios ya había sido denunciada en anteriores reportes de la ACLU y por ello en esta ocasión los abogados de derechos civiles exigieron su renuncia.
Pero la respuesta que ayer dio Baca fue contundente: “No me voy”.
Ayer mismo una docena de activistas de la comunidad afroamericana del área de Watts respaldó al Sheriff Baca.
“No se va a ningún lado”, dijo Sandra Moore, organizadora del grupo Concerned Citizens for Fair Policing. “Estamos a su lado, hombro a hombro, y lo estaremos apoyando”.
Baca indicó que se ha integrado un equipo especial de 35 oficiales para investigar internamente los supuestos abusos y que está explorando la integración de un panel de revisión por parte de ciudadanos y abogados independientes, que no estén involucrados ni con ACLU ni con el Departamento del Sheriff.
Para Peter Eliasberg, abogado de ACLU, la respuesta de Baca no es suficiente.
“Por años ha dicho lo mismo, que está haciendo investigaciones internas, pero el asunto es que prevalece el abuso sistemático en contra de los reos”, mencionó. “Es difícil creerle que toma las quejas en serio cuando una semana antes contradijo el reporte de ACLU y ahora dice que lo toma muy en serio”.
La Junta de Supervisores, recalcó, debería de llamarlo a rendir cuentas y que lo cuestionen y se enfoquen en lo que está pasando en las cárceles.
