Calderón se propone investigar abusos

Estudiará las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías

MÉXICO, D.F. (EFE).- El presidente mexicano, Felipe Calderón, se comprometió ayer a estudiar “uno a uno” los casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares y policías denunciadas por Human Rights Watch (HRW), informó el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.

Miembros de HRW entregaron ayer al mandatario un informe que reúne evidencias “que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales” desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder, hasta este año.

“El presidente sostuvo que entendía que era un problema serio y que efectivamente se han producido violaciones y abusos, pero que estaba comprometido a investigarlos”, dijo Vivanco en una rueda de prensa tras el encuentro con Calderón en la residencia oficial de Los Pinos.

“Nos dijo que él no estaba en el gobierno para avalar o promover abusos, torturas, desapariciones o ejecuciones y que nos proponía que juntos examináramos esas denuncias que contiene el informe”, añadió.

Aunque ambas partes no concretaron fechas ni mecanismos, el jefe del Ejecutivo propuso a HRW crear “un canal de trabajo” para revisar los casos que fueron recogidos durante dos años en cinco de los estados más violentos del país: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.

Tras la reunión, el jefe de Estado envió un comunicado en el que confirmó la creación de “un grupo de trabajo conjunto para analizar el contenido de este documento” y en el que reiteró que “la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales”.

“De ahí la obligación ética y legal del gobierno de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial”, manifestó.

El documento de la agrupación estadounidense, titulado Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, está basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública y denuncia que “casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente”.

HRW también pone en duda en su informe la afirmación de Calderón de que “el 90% de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico (que su gobierno estima fueron cerca de 35,000 entre 2007 y enero de 2011) eran delincuentes”.

“La única prueba ofrecida por las autoridades respecto a la culpabilidad de los detenidos eran declaraciones incriminatorias obtenidas después de sesiones de tortura u otros abusos”, señala el texto.

Además, denuncia que funcionarios judiciales participan en las violaciones, como jueces que admiten pruebas conseguidas mediante tortura o peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

Frente a este panorama, HRW recomienda una reforma del Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en el fuero castrense y pide cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante tortura.

El informe recopila casos como el del matrimonio de Rocío Elías y Juan Carlos Peña, asesinados por soldados en marzo de 2010 en Anáhuac, Nuevo León, tras quedar atrapados en un enfrentamiento entre militares y un grupo armado.

De acuerdo con testigos y familiares, los soldados colocaron armas a las víctimas y les acusaron de formar parte de una organización de delincuentes, apuntó HRW, que denunció que hasta ahora nadie ha sido detenido por esas muertes.