Cuando hay peligro de regresar al terruño

“Su vida corre peligro”. La voz de Hilda Peñuelas se quiebra al referirse a su esposo, Héctor Ortega-Valladares, quien desde hace casi cinco meses espera ser deportado en una prisión del Condado de Orange. Tiene el brazo roto, secuelas del tratamiento que lo curó de cáncer y temor de ser enviado a Honduras, de donde escapó hace seis años.

Ortega-Valladares alega ser víctima de un ataque violento ordenado por adversarios políticos y de haber recibido amenazas de muerte cuando lo reportó a la Policía. Su petición de asilo político, sin embargo, fue rechazada hace unos meses, como otros 9,555 casos revisados por cortes de migración en 2010.

“No lo regresen a un ambiente más violento a como estaba en 2005”, implora Peñuelas a las autoridades migratorias, que ya han intentado deportar a su esposo en tres ocasiones. “Ya se escapó de morir en dos ocasiones: por el cáncer y por los ataques que sufrió”, dijo a La Opinión.

Fue en una parada de rutina de la Policía de Los Ángeles cuando Ortega-Valladares se enteró que enfrentaba una orden de detención emitida por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por no acudir a una audiencia programada después de ser arrestado por cruzar la frontera ilegalmente. Pensó que el documento le otorgaba el derecho de permanecer en este país.

“Es una persona responsable”, afirma Peñuelas, quien ha denunciado que su esposo se rompió el brazo cuando cayó dentro de la prision y que no ha recibido atención médica adecuada. “Por eso pedimos que lo dejen salir mientras su proceso sigue, para que no empeore su salud”, señaló.

¿Qué posibilidad tiene Ortega-Valladares de obtener el asilo en una apelación? Las estadísticas del Departamento de Justicia (DOJ) no son muy alentadoras. El año pasado cerró como el período con menos casos aceptados desde 2006. De 32,961 peticiones recibidas más de 23,000 (70%) fueron negadas, olvidadas o retiradas.

Una persona que pide cobijo político al gobierno de Estados Unidos debe demostrar que teme o ha sido objeto de persecusión por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o su pertenencia a determinado grupo social. Una vez concedido, debe esperar un año para ser elegible para convertirse en residente y, cinco años después, para ser ciudadano.

“El nivel de dificultad varía, dependiendo de las circunstancias de las personas”, aclaró Sharon Rummery, vocera del Servicio de Inmigración y Naturalización (USCIS).

En los últimos seis años, los originarios de El Salvador y Guatemala han hecho más peticiones de asilo político que ningún otro grupo, aunque, en promedio, menos del 3% han sido consideradas válidas. Las solicitudes de mexicanos han subido desde 2007, cuando el gobierno de aquel país inició una lucha frontal contra los carteles de la droga. El año pasado se registraron 3,231 procesos, pero sólo el 1.5% fueron aceptados.

“Son casos difíciles de ganar. Si ves las estadísticas de cuántos asilos se aprueban te puedes imaginar qué tan complicados son”, afirma el abogado Nelson Castillo, quien indica que es menos probable que una solicitud sea aceptada si se presenta un año después de que la persona entró al país.

Decenas de peticiones de asilo, como la del venezolano Yonnie Carrizo, quien huyó de su país hace más de diez años por miedo a represalias de una banda que asaltó el banco donde trabajaba, han buscado la intercesión de la organización Change, enfocada en buscar apoyo popular a distintas causas.

“Damos voz a su campaña para que tengan publicidad, se organicen y ganen apoyo de las personas. A veces consiguen hasta 2,000 firmas en una semana”, mencionó Jackie Mahendra, directora de la división de derechos de inmigrantes de Change.

Muchas personas se han unido a la lucha de Carrizo, residente de Miami.

“Mi vida corre peligro en Venezuela”, afirma este hombre, que enfrenta una orden de deportación luego que su solicitud de asilo fue negada en una corte a mediados de agosto. “Tomaron una decisión a la ligera”, dijo.