Con vida la Prop. 8

SAN FRANCISCO.- Los patrocinadores de las propuestas en la hoja de votación podrán defender sus iniciativas contra las recusaciones legales, si el gobernador y el procurador general se niegan a hacerlo, señaló ayer el Tribunal Supremo de California en un dictamen sin precedentes, que podría resultar crucial para el futuro de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo del estado y el intenso debate sobre el proceso de iniciativas presentadas por los ciudadanos.

En respuesta a una pregunta realizada por el Tribunal federal de Apelaciones que está considerando la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas homosexuales aprobada por los votantes del estado, la Corte Suprema de California señaló que la potestad legislativa otorgada a los ciudadanos bajo la constitución del estado no finaliza una vez que los votantes aceptan o rechazan las propuestas.

“Concluimos que las leyes de California autorizan a los patrocinadores oficiales, dadas las circunstancias particulares, a comparecer en el proceso para reafirmar el interés del estado sobre la validez de la iniciativa y apelar un dictamen que invalide la medida”, fue el dictamen unánime redactado por la presidenta del tribunal Tani Cantil-Sakauye.

En la resolución de 61 páginas de longitud, los siete jueces señalaron que negarles a los patrocinadores de la propuesta un lugar en la discusión les otorgaría al gobernador y al procurador general la capacidad de vetar iniciativas con las que estén en desacuerdo, una situación que los jueces sostienen socavaría la potestad legislativa que California les otorgó a sus votantes en 1911.

“Ni el gobernador, el procurador general ni ninguna otra autoridad ejecutiva o legislativa tiene potestad para vetar o invalidar una iniciativa que fue aprobada por los votantes”, señaló el dictamen. “Se daría prioridad a la forma en vez de a la sustancia al interpretar las leyes de California, lo que les permitiría a dichas autoridades públicas lograr indirectamente el objetivo de denegarles a los patrocinadores de una iniciativa oficial la posibilidad de defenderla a fin de reafirmar los intereses del estado…”.

El panel compuesto por tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito solicitó en enero al tribunal del estado que aclarara quién tenía derecho a defender las iniciativas aprobadas por los votantes ante un tribunal, cuando las autoridades estatales optaban por no hacerlo. El panel señaló que la pregunta no estaba resuelta tanto bajo las leyes federales como del estado de California, pero es central para sus deliberaciones en la contienda en curso sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo porque si a los defensores de la iniciativa de 2008, conocida como Proposición 8, les faltaban fundamentos legales, se debería desechar el caso.

La coalición de grupos religiosos y conservadores que lograron incluir la Proposición 8 en la hoja de votación y llevaron adelante la campaña para su aprobación solicitaron al 9no Circuito que revisara el dictamen del juez federal de agosto 2010, por el cual invalidaba la medida como una violación a los derechos civiles de los homosexuales de California. Tanto el exgobernador Arnold Schwarzenegger como el gobernador Jerry Brown, en su antiguo cargo como procurador general del estado, tomaron la postura poco usual de negarse a apelar el dictamen.

El panel del tribunal de apelaciones ahora debe decidir si aceptar o no la recomendación del tribunal, y en caso de hacerlo, cómo aplicarla. La decisión del tribunal estatal, si bien se espera que tenga una importancia considerable ya que trata sobre un asunto constitucional del estado, no es vinculante para el tribunal federal.

Pero si el 9º Circuito no acepta la interpretación de la Suprema Corte, despejaría el camino para que el tribunal de apelaciones analizara la sustancia de la apelación. Los defensores de la prohibición celebraron el jueves ante la probabilidad de que esto ocurra, dado que se está sopesando la recomendación del tribunal estatal.

“Estamos encantados de que la Suprema Corte haya reafirmado claramente nuestro derecho, como patrocinadores oficiales de la Propuesta 8, para defender a más de siete millones de californianos que enmendaron la Constitución del Estado para restaurar la figura tradicional del matrimonio”, señaló Andy Pugno, asesor general de Protect Marriage. “Esta victoria es una gran confirmación a la Propuesta 8 y a la integridad del proceso mismo de las iniciativas”.

Los abogados de las dos parejas homosexuales, que demandaron con éxito la anulación de la prohibición en un tribunal inferior, señalaron que si los patrocinadores de la prohibición no tenían derecho a apelar, la determinación del juez se mantendría y el matrimonio entre personas del mismo sexo sería legal en California por primera vez desde que se aprobó la Propuesta 8 hace tres años.

Luego de que se emitiera el dictamen de la Suprema Corte, los poderosos abogados de las parejas señalaron que continuaban siendo optimistas de que la prohibición sería invalidada en última instancia por el 9º Circuito, y que posiblemente llegara hasta la Suprema Corte de EE. UU.

“Tenemos muchos deseos de pasar a la base jurídica de la causa”, señaló Ted Olson, ex subsecretario de de justicia de EE. UU.

El dictamen establece un precedente en el estado que podría ser usado para otros casos de iniciativas en la hoja de votación que el procurador general o el gobernador se rehusaron a defender. Las instancias en que las autoridades estatales se rehúsan a apelar dictámenes adversos a las leyes aprobadas por los votantes son pocas, pero cada veinte años aproximadamente surgen algunos casos en California.

Los grupos de derechos civiles criticaron la visión expansiva de la Suprema Corte sobre el proceso de las iniciativas, pronosticando que pondría a las minorías en desventaja política.

“Permitir a los patrocinadores de la Propuesta 8 tener derechos especiales en un tribunal puede abrir las puertas a que otros poderosos grupos de intereses especiales hagan lo mismo”, señaló Rick Jacobs, presidente de Courage Campaign, cuyo grupo defiende causas progresivas en California. “Es necesario que los jueces del 9º Circuito determinen si las personas que contaron con dinero suficiente como para comprar la inclusión de una medida en la hoja de votación por la cual las personas debieron votar sobre los derechos de los demás deben tener o no derechos especiales ante un tribunal federal”.