ICE presiona para conocer quiénes se quejaron de abuso

SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA

Management Training Corporation (MTC), compañía que administra Willacy para el gobierno, dio de baja administrativa el 22 de junio de 2009 a Edwin Rodríguez, un exguardia que se declaró culpable de abusar sexualmente a una detenida el 26 de octubre de 2008.

La fecha coincidió con la visita de Dora Schriro, en ese entonces consultora de DHS de la secretaria Janet Napolitano, que le pidió a Schriro evaluar el sistema de detenciones e hiciera recomendaciones para una reforma.

Schriro visitó Willacy por primera vez en abril de 2009. Schriro dijo a FRONTLINE que le impactó el estado en el que estaban las mujeres en Willacy durante sus visita en abril a ese centro.

“Su forma de comportarse era muy sumisa, mucho más de lo normal en mi experiencia”, explicó.

Schriro dijo que durante su viaje “varias mujeres presentaron quejas de abuso sexual en ese establecimiento”.

Después de la visita, Schriro ordenó una investigación sobre las acusaciones de las mujeres al igual que una encuesta de todas las detenidas allí.

Twana Cooks-Allen, una coordinadora de salud mental, fue comisionada para llevar a cabo la encuesta en Willacy. Para ese entonces Cooks-Allen ya estaba preocupada, al haber escuchado las quejas de muchas detenidas sobre abuso sexual, entre otras cosas.

Un hombre VIH positivo le dijo a Cooks-Allen que fue violado repetidas veces por otro detenido del mismo sexo, mientras el guardia solamente miraba para otro lado.

Una detenida fue a su oficina con lágrimas en sus ojos, empapando su camisa: “Parecía que alguien había abierto una llave de agua sobre sus ojos y la había dejado correr”, dijo Cooks-Allen.

Mediante un servicio de traducción telefónico, Cooks-Allen llegó a entender “que un guardia la había tocado en sus partes de su cuerpo en contra de su voluntad”.

Cooks-Allen le dijo a FRONTLINE que cuando presentó la primera parte de los resultados de las encuestas, agentes locales de ICE querían saber quiénes habían sido los detenidos que se quejaron.

Cooks-Allen dijo que “fue bombardeada” al día siguiente por detenidos que le dijeron que ICE los había acosado sobre sus declaraciones en la encuesta.

Un detenido dijo que había sido amenazado con ser deportado.

Las encuestas en Willacy fueron canceladas prematuramente por ICE antes de terminar de completarse, dijo Cooks-Allen.

Pero Schriro continuó recibiendo reportes de problemas en el establecimiento.

FRONTLINE le preguntó a Schriro -que renunció a DHS por causas no relacionada- sobre las acusaciones específicas que escuchó sobre Willacy, pero ella dijo que no podía hablar de casos individuales.

FRONTILINE también pidió hablar con el encargado de la oficina local de ICE sobre abuso sexual y otras acusaciones sobre Willacy.

ICE rechazó esa solicitud, pero envió una declaración escrita con detalles sobre 13 casos de empleados que se comportaron criminalmente en Willacy que fueron abiertos como resultado de la investigación de Schriro.

Nueve de los 13 casos involucran instancias de abuso sexual y dos resultaron en quejas sustanciadas de abuso sexual.

Una guardia contratada renunció después de admitir que tuvo una relación inapropiada con un detenido y otra guardia de seguridad fue despedida después de que se descubrió que observaba a las detenidas bañándose desnudas y contrabandeaba drogas y comida.

Cinco de los casos de abuso sexual pendientes no fueron comprobados y otros dos no tenían base.

Después de la visita de Schriro varias mujeres fueron transportadas a otro centro de detenciones, para su protección, de acuerdo con ICE.

Además de los 13 casos mencionados anteriormente, FRONTLINE tiene conocimiento de por lo menos otro caso más pendiente de abuso sexual.

En 2003, el Congreso aprobó el Acta de Eliminación de Abuso Sexual en las Prisiones (PREA) que creó una comisión para investigar el problema de abuso sexual en detención y trabajar por cinco años para desarrollar nuevos estándares a fin de solucionar muchos de los problemas ocurridos en Willacy y otros centros para detención de inmigrantes por cargos civiles o criminales.

En su último reporte, publicado en junio de 2009 la comisión se enfocó en los inmigrantes de detención destacando su “elevada vulnerabilidad” y “circunstancias inusuales” que “requerían una intervención especial” y presentó una serie de regulaciones extra que debían aplicarse a centros de detención de inmigrantes.

El reporte indica que el abuso sexual en centros de detención tiene que recibir “la atención y respeto que merece”.

“El miedo a la deportación es una herramienta en las manos de oficiales abusivos, utilizada para forzar a las víctimas a tener sexo y silenciarlas”, concluyó el reporte.

Pero la administración de Obama excluyó a los centros de detención de tener que cumplir con las regulaciones propuestas de PREA a principios de este año.

Como resultado, los inmigrantes detenidos sin cargos criminales permanecerán fuera del ojo público, dijo Chris Daley, subdirector en jefe de Just Detention International, una organización sin fines de lucro que impulsó PREA en 2003 y que ha seguido de cerca que se cumpla con esos estándares.

“El hecho de que los detenidos por cargos criminales tengan más protecciones que un detenido con cargos de naturaleza civil es alarmante”, dijo Daley. “Deberían tener la misma protección”.

Christensen, una vocera de ICE, dijo a FRONTLINE que los Estándares de Evaluación de Desempeño Nacional en Detención actuales que cubren un 50% de la población detenida por ICE son idénticos a muchas de las partes más importantes de PREA.

Agregó que ICE está trabajando en crear nuevos estándares que van a contener provisiones relacionadas con PREA mucho más severas.”ICE tiene cero tolerancia para el abuso sexual”, escribió en un correo electrónico.

Pero activistas como Daley dicen que los estándares de ICE no tienen peso alguno y no pueden implementarse legalmente.

Las nuevas regulaciones de está administración sobre PREA van a ser presentadas en los próximos meses.