Boicot contra Arizona recibe una excepción

Los Ángeles otorga jugoso contrato de 80 millones de dólares

El Concejo de Los Ángeles no consideró una razón de peso el que una empresa tenga una división con 9,000 empleados en Arizona para imponer su boicot contra aquel estado y le otorgó a ésta un jugoso contrato de 80 millones de dólares.

Dos concejales latinos encabezaron la lucha por permitir o no que Honeywell Internacional Inc, con sede en Nueva Jersey, pero con una importante presencia en Arizona, se hiciera cargo de la renovación del equipo de cómputo del sistema de tratamiento de aguas del municipio durante los próximos 15 años.

La discusión se anticipó a la propuesta de cambiar el lenguaje del boicot, donde se aclararía que “con sede en” significa contar por lo menos con 50 empleados en una o más instalaciones en Arizona. La iniciativa sigue en la congeladora desde junio pasado.

La falta de guía ha permitido la aprobación de excepciones a la postura del Ayuntamiento respecto a la ley SB1070, que penaliza la migración ilegal, en más de cinco ocasiones. En ciertos debates las empresas intentaron marcar distancia asegurando que sólo tenían “vínculos” con dicha entidad.

En el de ayer Honeywell trató de aligerar esa percepción moviendo la responsabilidad de los servicios que proveerá al gobierno de Los Ángeles a su oficina en Texas. “Los que apoyan el boicot contra Arizona consideren esto una tremenda victoria”, expresó el concejal de origen mexicano, Tony Cárdenas, quien defendió esta oferta.

Pero su colega Ed Reyes, promotor del bloqueo económico, consideró que aún se debe matener el rechazo a la SB1070 porque se está imitando en otras partes del país. “Es algo que tenemos que amplificar ahora más que nunca”, dijo. “Están deportando a las personas sólo por como lucen”.

El único que respaldó con su voto la lucha de Reyes fue el concejal José Huízar; los otros nueve ediles siguieron la recomendación de la Oficina de Saneamiento, preocupada por el anticuado sistema de cómputo que opera el tratamiento de aguas y la inflexibilidad de la segunda compañía interesada en el contrato, Emerson, con sede en Minneapolis y también con oficinas en Arizona.

Laura Jaime, recién egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Estata del California en Los Ángeles, acudió a la sala de reuniones del Concejo Municipal para pedirle a los funcionarios que respetaran su compromiso de defender a los indocumentados. “Es muy triste que tuvimos el primer suicidio [de un estudiante de Texas esta semana] por el impacto de estas leyes racistas”, dijo.