Disputa por el Dream Act

SACRAMENTO.- La Comisión de Ayuda Financiera de California (CSAC) consideró defectuoso y desorientador al nuevo reporte de la no partidista Oficina del Analista Legislativo (LAO), el cual arrojó que el Dream Act, la nueva ley que permitirá a los estudiantes indocumentados recibir ayuda financiera, a partir de 2013, costará tres veces más de lo esperado.

Inicialmente el Departamento de Finanzas dio a conocer que el Dream Act contenido en la la ley 131, tendría un costo de 14.5 millones de dólares y beneficiaría a unos 2,500 estudiantes durante el primer año; pero la Oficina del Analista Legislativo reveló, este mes, que serían 65 millones de dólares por año.

Diana Fuentes Michael, directora de la Comisión de Ayuda Financiera de California, la cual administra las becas del estado para los estudiantes, dijo que el costo inicial del Dream Act fueron cifras aportados por las instituciones universitarias, no fue algo que la CSAC se sacó de la manga.

Pero Steve Boilard, autor del reporte de LAO detalló que los 65 millones de dólares serían a partir de que el Dream Act fuera totalmente implementado, en un periodo de cuatro años, particularmente porque “el número de nuevos estudiantes va a ir aumentando cada año, aunado a los que ya están inscritos, por eso es que va a crecer el costo”.

Asimismo, Fuentes Michael consideró muy asombroso que el estudio de LAO haya aparecido en momentos en que un grupo encabezado por el asambleísta republicano de Twin Peaks, Tim Donnelly, lleva a cabo una campaña de obtención de firmas que le permitan poner en la boleta electoral de noviembre de 2012, una iniciativa que pregunte a los votantes si quieren echar abajo el Dream Act.

Boilard precisó que ellos nunca se prestarían para influir en ninguna demanda o campaña política. “Lo que hemos presentado sobre el Dream Act son los hechos”, subrayó.

El estudio de LAO sugiere que algunos residentes legales podrían ser desplazados y tendrían que competir con los estudiantes indocumentados para recibir la ayuda institucional no así por las becas Calgrants, en las que los estudiantes indocumentados tendrán la última prioridad. De hecho, el Departamento de Finanzas estimó que apenas el 1% de dicha becas Calgrants competitivas sería para los estudiantes del Dream Act.

“La competencia por la ayuda institucional se dará porque es el mismo dinero asignado fijo que tendrá que repartirse entre más estudiantes. No hay ninguna provisión que indique que se va a asignar más dinero”, observó Boilard.

Al respecto, Fuentes Michael dijo que ellos tienen otro punto de vista: “Ahora mismo los estudiantes de la ley AB540 ( que son estudiantes indocumentados graduados de secundarias de California; o residentes legales que se fueron a otros estados y regresan a California o los militares) pagan colegiaturas como residentes del estado; y con ello aportan un tercio para la ayuda institucional sin tener derecho a competir por ésta pero los estudiantes regulares si se benefician de lo que aportan los estudiantes AB540”.

Lo que va a pasar ahora con el Dream Act es que los estudiantes indocumentados y los estudiantes AB540 si podrán competir ahora por esa ayuda institucional y ya no serán excluidos, indicó Fuentes Michael.

Joseph Villela, de la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) que respaldó el Dream Act lamentó que los números de LAO no digan que de todo el presupuesto para la educación, el presupuesto del Dream Act representa menos del 1%. “Lo más relevante es que ese presupuesto va a servir para educar al talento que ayudará a California a salir del hoyo”, opinó.

Es importante anotar que cada año, la legislatura confía en la Oficina del Analista Legislativo (LAO) para decidir sobre los asuntos fiscales, y sus analistas son ampliamente respetados por legisladores.

Días después del reporte sobre el Dream Act, LAO emitió una recomendación para descentralizar la Comisión de Ayuda Financiera de California y que las becas Calgrants sean administradas por los campus de las universidades.