Ciudadanos se dicen víctimas de S-Comm
ACLU y otros presentan casos de estadounidenses detenidos por ICE
Antonio Montejano, que nació en Los Ángeles, cuenta cómo fue detenido por ICE en noviembre pasado. El caso y otros tres más fueron presentados ayer en una conferencia de prensa. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión
Una coalición de organizaciones, encabezadas por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), presentó ayer una carta en la que informa de violaciones de derechos constitucionales en contra de ciudadanos estadounidenses a causa de la implementación del programa Comunidades Seguras (S-Comm en inglés).
La misiva dirigida a los cinco supervisores del Condado de Los Ángeles, y que también se entregó a todos los integrantes del Concejo Municipal de la Ciudad, expone los casos de cuatro residentes del sur de California, nacidos en EEUU, que fueron retenidos (tres de ellos en noviembre) durante varios días a petición de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El caso de Antonio Montejano, es uno de ellos. De 40 años de edad, nacido en Los Ángeles y padre de cuatro hijos, fue detenido el 5 de noviembre por la policía de Santa Mónica luego de que en una Sears de esa ciudad, donde gastó alrededor de 600 dólares, olvidó pagar un perfume al salir de la tienda.
Contó que lo llevaron a la comandancia acusado de robo y para ficharlo, pero cuando lo iban a dejar en libertad lo trasladaron a una cárcel del condado porque ICE lo requería para someterlo a un proceso de deportación a través de Comunidades Seguras.
“¡Soy ciudadano estadounidense!”, dijo Montejano que les gritaba. “Pero nadie me hacía caso”.
Lo que pasó, y que le costó estar cinco días en prisión, fue que en 1996 Montejano intentó cruzar la frontera de Tijuana a San Ysidro y al decirles a los agentes de inmigración que era ciudadano estadounidense no le creyeron, lo ficharon como ingreso ilegal y lo regresaron a México.
Ese mismo día Montejano volvió a hacer la fila y presentó su licencia de conducir, con lo que pudo de nuevo ingresar al país, pero el antecedente quedó registrado en la base de datos de inmigración.
Lo preocupante, consideró Marialena Hincapié, directora del National Immigration Law Center (NILC), es que esas retenciones indebidas por parte de ICE se han dado en al menos 3,600 ocasiones en todo el país durante los tres años que lleva el programa.
La cifra indica que al menos tres ciudadanos estadounidenese al día están siendo víctimas del S-Comm.
Lo que grupos como ACLU, NILC, NDLON, CHIRLA y MALDEF buscan, es que el condado y la ciudad de Los Ángeles dejen de cooperar con las autoridades federales en este programa debido a las fallas que se han detectado y que están violentando los derechos civiles.
“Nuestras corporaciones policíacas locales no tienen por qué ser cómplices de esto que está mal. Los Ángeles no debe ser parte de esto”, comentó Thomas Sáenz, presidente de MALDEF.
“ICE no tiene autoridad legal para detener a ciudadanos estadounidenses”, recalcó Héctor Villagra, director de ACLU en el Sur de California al plantear la posibilidad de una demanda para compensar a las víctimas.
Bajo el programa Comunidades Seguras, que fue implementado en el 2008, las policías locales utilizan la base de datos de ICE a la hora de registrar las huellas digitales de los detenidos y así identificar a quienes tienen cuentas pendientes con inmigración.
En un principio el gobierno federal aseguró que sólo se deportaría a quienes cometieron un delito grave, pero se ha detectado que al menos en Los Ángeles la mitad de los deportados han sido personas con infracciones menores, como vender hot-dogs en la calle o conducir sin licencia.
