Pasajeros de Metro claman por igualdad

Una coalición de organizaciones de derechos civiles, laborales, ambientales y proinmigrantes acusó ayer a Metro de socavar los resultados de una auditoría federal que concluyó que el sistema de transporte local discriminó en contra de comunidades pobres y que no hablan inglés.

Un reporte publicado el lunes por la Administración Federal de Transporte (FTA) indicó que Metro -o MTA- no cumplió por completo los reglamentos y normas federales de derechos civiles al hacer ajustes a su servicio de autobuses, afectando así las rutas que llegan a las zonas de menor nivel socioeconómico de la ciudad.

“MTA es una organización racista, recortan el servicio de autobuses e invierten en trenes”, externó un miembro del Sindicato de Pasajeros de Autobús (BRU) que se identificó con el apellido Simmons.

Sunyoung Yang, vocera de BRU, aseguró que MTA sabía de antemano que sus ajustes a rutas de autobuses afectaban a las minorías y aún con ello procedieron a hacer los cambios. “Cuando el grupo de personas más afectado [por los ajustes de Metro] es gente de color lo consideramos discriminación”, dijo Yang.

“MTA hizo su propio análisis y encontró que sus cortes llevaban a racismo, pero siguieron con los recortes” aseveró la vocera, quien además indicó que de 2008 a 2011 se han recortado en Metro rutas que equivalen a más de 900 mil horas de servicio.

Ana Éxiga, una vecina de Watts que participó ayer en una rueda de prensa frente a la sede de Metro en el centro de Los Ángeles dijo que ha vivido en carne propia los efectos de esos ajustes. Con la eliminación de las llamadas líneas Rápidas en las avenidas Manchester y Central, dijo, su traslado diario al Colegio del Este de Los Ángeles toma más de dos horas entre tres autobuses y dos trenes.

“El autobús local pasa cada 30 minutos y a veces va tan lleno que tengo que caminar”, expresó Éxiga. “Muchas veces pienso que llegaré tarde a la escuela, el año pasado perdí exámenes por esto”.

José Ubaldo, vocero de Metro, declaró que la corporación hace ajustes semestrales y que analiza las rutas por número de pasajeros. “No tiene sentido gastar en choferes, combustible, supervisiores, etcétera, para mantener una ruta que tiene pocos pasajeros” aseveró el portavoz.

Sin embargo, Ubaldo dijo que efectivamente, Metro incurrió en fallas administrativas. “Es un procedimiento en el cual fallamos”, declaró el vocero, “los derechos civiles son asunto delicado, y estamos cuidando cumplir con ese paso”.

Ubaldo añadió que no hay sanciones ni investigaciones como resultado de la auditoría y que el alcalde Antonio Villaraigosa -miembro de la Junta de Metro- ha presentado ya un plan para cumplir con los requisitos de FTA.

Dicho plan incluye cumplir y adherirse a las especificaciones que la agencia federal solicite; presentar un plan de acciones correctivas; asegurarse que el personal, ejecutivos y consultores reciban capacitación adicional y proporcionar actualizaciones mensuales del plan correctivo y de capacitación al comité ejecutivo administrativo.

Ubaldo indicó que es importante tomar en cuenta que Metro no es la única organización de transporte a nivel nacional que está siendo analizada por FTA. Hay otras 29 agencias en otros 21 estados de la unión que deben hacer cambios para cumplir con el reglamento.

Según el CEO de Metro, Arthur Leahy, muchos de los cambios deberían de estar implementados para marzo y los restantes problemas identificados, que incluyen el mejorar la comunicación con los clientes que tienen un entendimiento limitado del inglés y la capacitación del personal ejecutivo en el entendimiento de Título VI -estatuto que prohíbe la discriminación en base a raza, color o nacionalidad- deberán resolverse en un año.

Pero Yang consideró el reporte de la FTA una victoria táctica y momentánea para su grupo e insistió que el plan de Villaraigosa debió haberse hecho con su participación.