Buscan que CA reembolse dinero robado

SACRAMENTO.- Ni los pobres que reciben asistencia pública se salvan de ser víctimas de robos y fraudes electrónicos, el problema es que muy difícil que puedan recuperar el dinero que les roban porque el estado no se hace responsable.

Aunque no se tienen números de cuántos beneficiarios de la beneficencia pública son robados electrónicamente cada año, se estima que estos robos y estafas están a la par que los ocurridos contra las tarjetas de crédito o débito de ciudadanos comunes y corrientes, dijo Vanessa Lee, abogada de Neighborhood Legal Services del condado de Los Ángeles.

El estado paga a los beneficiarios de la asistencia pública a través de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, conocidas en inglés como tarjetas EBT (Electronic Benefits Transfer cards ), las cuales funcionan como una tarjeta de débito cualquiera.

Estos casos y particularmente el de Evelyn Carpio, una madre hispana soltera con cinco hijos que recibe ayuda en efectivo del estado del programa Calworks, a quien en octubre de 2009 le robaron la mensualidad que le da el estado por 720 dólares, motivó una demanda contra el estado. Esta específicamente dirigida al Departamento de Servicios Sociales de parte de dos organizaciones no lucrativas, Neighborhood Legal Services del condado de Los Ángeles y el Western Center on Law and Poverty.

Una demanda que fue presentada la semana pasada en la Corte Superior de Los Ángeles, según explicó Lee.

Carpio, la víctima se dio cuenta del robo de su mensualidad cuando intentó comprar alimentos en una tienda y le informaron que su tarjeta de débito no tenía suficientes fondos.

Lo que sucedió, de acuerdo a la abogada Lee, es que a Carpio le robaron el dinero a través de una práctica conocida en inglés como ‘skimming’ que consiste en insertar en los cajeros automáticos aparatos que permiten capturar la información almacenada en las rayas magnéticas de la tarjeta.”No podía creer lo que me estaba pasando. No lo podía creer, estaba toda asustada. Tuve que pedir prestado para pagar la renta ese mes”, dijo Carpio.

Pero la pesadilla real vino cuando reportó el hecho a la policía, al condado y al Departamento de Servicios Sociales y no le quisieron reembolsar el dinero. Carpio insistió y casi dos años después, en mayo pasado, recuperó el dinero con la ayuda de los abogados de la organización Neighborhood Legal Services.”Aunque recuperó el dinero, esta madre decidió demandar porque a muchos más les puede estar pasando lo mismo, y el estado no quiere hacerse responsable”, dijo Lee. “Pero si el estado paga con un cheque a alguien y se lo roban, o lo pierde, se lo reembolsan. Lo mismo debe ocurrir con los pagos que hacen de manera electrónica cuando son robados. Las leyes estatales dicen que ese dinero tiene que ser reemplazado”, expuso la abogada.

Antoniette Dozier, abogada del Western Center on Law and Poverty, dijo que estos hechos son muy lamentables porque quienes reciben ayuda en efectivo del estado, son los más pobres de los pobres, individuos que viven por debajo del 50% del nivel de pobreza federal. “Con esta crisis, va a ser más difícil que un amigo o familiar les pueda prestar dinero como ocurrió con Evelyn, y lo que va a pasar es que pueden terminar viviendo en la calle o pasar hambre debido a que el estado no les quiere reembolsar lo robado”, señaló.

Michael Weston, portavoz del Departamento de Servicios Sociales, dijo que no podía comentar nada sobre el caso o cuántas reclamaciones de pago a causa de robos electrónicos reciben de parte de los beneficiarios de asistencia público debido a que está de por medio una demanda legal.