Cierra año apoyando a indocumentados

El alcalde Antonio Villaraigosa ha decidido cerrar el año apoyando a uno de los grupos más vulnerables, los indocumentados, de dos maneras: pidiendo que California no participe en el programa Comunidades Seguras y proponiendo no confiscarles sus coches en paradas de tráfico de la Policía.

La voz de Villaraigosa pesa. Actualmente es el presidente de la influyente Conferencia Nacional de Alcaldes y gobierna la segunda ciudad más importante del país y la primera más grande de California.

“Tenemos que trabajar y colaborar con la comunidad y no asustarlos”, dijo el funcionario esta semana sobre la carta que envió al gobernador Jerry Brown, exhortándolo a suspender la participación del estado en el programa federal Comunidades Seguras, que ha deportado a más indocumentados que sólo han cometido delitos menores que a criminales peligrosos.

Villaraigosa afirma que dicha iniciativa, que refiere a la Oficina de Migración la información de una persona cuando las agencias del orden revisan sus antecedentes penales a través de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), reprime que los indocumentados denuncien que han sido víctimas o testigos de un delito.

En suma, permite que más crímenes queden impunes y que más delincuentes anden libres. “No debemos ponerlos en una situación donde vean a la Policía como un enemigo, en vez de como un amigo”, señaló el mandatario municipal.

En la carta Villaraigosa expresa sus preocupaciones respecto al desarrollo y la implementación del controversial programa federal y lamenta que la Oficina de Migración no haya cumplido en ejercer más “discreción” con individuos que enfrentan deportaciones de “baja prioridad”.

“En un descarado contraste con su nombre, ‘Comunidades Seguras’ es de hecho percibido por muchos angelinos y californianos como un elevado detrimento para la misión principal de la seguridad pública del Departamento de Policía de Los Ángeles [LAPD] y otras agencias locales del orden”, indica.

“Al involucrar al LAPD en funciones migratorias, los miembros de la comunidad se han convertido en más cuidadosos de acercarse a la Policía para reportar un delito”, continúa el alcalde.

Por otro lado, pese a las fuertes críticas de dos sindicatos de policías, Villaraigosa no ha dado un paso atrás en su idea de cancelar la confiscación de vehículos por 30 días a los conductores sin licencia en paradas de tráfico del LAPD. Los grupos gremiales argumentan que si se aplica el cambio de política las calles de la ciudad serán aún más peligrosas.

“Los conductores sin licencia son una amenaza para los automovilistas y peatones, porque carecen de la habilidad y la capacitación para operar un vehículo”, afirmó Marshall McClain, presidente de la Asociación de Agentes del Orden del Aeropuerto de Los Ángeles, grupo que, insiste en que estos se involucran en más accidentes fatales.

La postura de Villaraigosa no ha sido cuestionar estas cifras, sino el que un conductor sin licencia por su condición indocumentada no pueda recuperar un vehículo decomisado el mismo día y que tenga que desembolsar unos 1,500 dólares en cuotas de remolque, almacenamiento y otros cargos.

“Todavía se confiscarán los coches bajo esta nueva propuesta, sólo que no lo retendrán por 30 días”, explicó el alcalde. “Hay algunos que quieren hacer una controversia, pero he dicho que no es nuevo [ya se aplica en retenes de sobriedad del LAPD y desde el 1 de enero se hará en todo el estado]. La verdad es que no es justo quitar un coche por 30 días”, subrayó el mandatario.

Villaraigosa confía en que este cambio de protocolo del LAPD entre en vigor en enero o febrero del próximo año, después de que sea revisado por la Comisión de Policía y el Concejo Municipal.