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Contralora amplía su auditoría de HACLA

Greul investiga a organizaciones que dan vivienda a familias pobres

El complejo  San Fernando Gardens de Pacoima está bajo la jurisdicción de HACLA.

El complejo San Fernando Gardens de Pacoima está bajo la jurisdicción de HACLA. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinión

Las organizaciones no lucrativas encargadas de proveer vivienda a familias pobres también estarán bajo la lupa de la Contraloría Municipal, como parte de la investigación que, por presunta malversación de fondos, realiza a la Autoridad de la Vivienda de Los Ángeles (HACLA).

Desde diciembre, la contralora Wendy Greuel empezó a revisar detalladamente los libros contables de la entidad acusada de gastar en lujos parte de los fondos destinados a viviendas para familias pobres, de finiquitar con un jugoso cheque el contrato de su anterior titular -quien fue despedido por tomar represalias contra un grupo de inquilinos-, y de otras irregularidades.

Greuel consideró indispensable incluir los reportes financieros de las organizaciones relacionadas con HACLA, las cuales generan más de 15 millones de dólares al año en distintas actividades, como cobrar alquiler en 2,500 unidades de vivienda y administrar los contratos del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

En una carta dirigida al presidente interino del organismo, Doug Guthrie, la contralora solicita los registros financieros y la información relacionada con dichas asociaciones, en un intento por traer “transparencia” a la entidad y reparar la confianza del público.

Greuel la considera como la segunda fase de una auditoría que confirmó que funcionarios de HACLA gastaron 600,000 dólares en viajes y restaurantes de lujo sólo en los últimos dos ciclos fiscales, un aumento del 300% comparado con 2006. Dichos gastos fueron reportados originalmente por medios noticiosos locales, que también informaron de que el exdirector de HACLA, Rudy Montiel, se benefició con una compensación de 1.2 millones de dólares al ser despedido de la agencia.

Montiel fue despedido en la primavera de 2011 cuando se descubrió que desalojó ilegalmente a inquilinos que protestaron afuera de su residencia, en Rancho Cucamonga, por una supuesta “privatización” de la vivienda pública. El exfuncionario fotografió a los manifestantes y supuestamente luego cobró venganza. Cuando el Concejo Municipal le pidió una explicación éste envió a los abogados de HACLA.

“Miro hacia una nueva cultura de rendición de cuentas y transparencia en HACLA y continuar los esfuerzos de promover ese cambio a través de mi próxima auditoría a las operaciones fiscales de HACLA”, expone Greuel en otra carta enviada al presidente de la Comisión de Vivienda de la ciudad, Mitchell Kamin.

Con 75,400 unidades de vivienda, la Autoridad de la Vivienda de Los Ángeles ha iniciado el proceso de selección del nuevo director ejecutivo. La contralora ha recomendado a su junta de comisionados conducirlo de manera abierta y transparente. “Los residentes y contribuyentes de Los Ángeles deben estar seguros de que los líderes de HACLA mantendrán la confianza del público para salvaguardar juiciosamente los fondos de la agencia”, señala.

Greuel les aconsejó establecer un paquete de compensaciones “razonable” para el siguiente titular y tomando en cuenta el error cometido con Montiel, a quien le otorgaron el sueldo equivalente a 18 meses de trabajo.

Como una de las agencias de vivienda pública más grandes del país, HACLA provee servicios cruciales a más de 6,500 familias de bajos recursos por medio de 60 complejos en esta ciudad y con el apoyo de subsidios gubernamentales. Su meta es añadir otras 30,000 unidades en la siguiente década.

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