Enlace: Peña Nieto y la violencia
En su reciente gira por Ciudad Juárez, una de las más afectadas por el crimen organizado en México, el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, afirmó que el mayor compromiso de él y su partido será terminar con la violencia.
El mexiquense, que va a la cabeza en las preferencias electorales, subrayó que -de llegar a Los Pinos- buscará que regrese la paz y la concordia en todo el territorio para iniciar la transformación del México del nuevo milenio y combatir la inseguridad que tanto lastima a los mexicanos.
Hasta ahora, sin embargo, Peña Nieto no ha explicado cómo logrará cumplir con ese propósito, sobre todo con un partido como el PRI, que si por algo se caracterizó fue justamente por abrigar la corrupción y las alianzas con la delincuencia organizada mientras gobernó al país.
A Peña Nieto y a sus seguidores habría que recordarles que fue a mediados de la década de los 90, bajo la administración de Salinas de Gortari, cuando empezó a florecer la industria del plagio en México. En 1994, por citar sólo tres de los casos más relevantes, fueron secuestrados los empresarios Alfredo Harp Helú, primo de Carlos Slim, Joaquín Vargas y Ángel Losada.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo la tendencia continuó. El país se estremeció en diciembre de 1997, cuando el exsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, fue secuestrado. Meses después, en mayo de 1998, el famoso cantante Vicente Fernández fue también secuestrado al salir de su casa y estuvo en manos de sus plagiarios por varios meses.
Ciertamente la violencia desbordada que hoy sufre el país se debe en gran medida a la estrategia equivocada que ha seguido Calderón para combatir al narcotráfico. Pero los priistas son quienes originaron el problema, como lo demuestra el hecho de que en la mayoría de las entidades que ellos han gobernado las bandas de criminales han sentado sus reales desde hace años.
En Sinaloa, por ejemplo, tierra del Chapo Guzmán, el capo más poderoso y buscado del mundo, el narcotráfico creció al amparo de los gobiernos priistas, desde Antonio Toledo Corro hasta Francisco Labastida y Renato Vega.
En Morelos, a mediados de la década de 1990 los secuestradores hicieron de ese estado su paraíso mientras estaba en el poder el priísta Jorge Carrillo Olea.
En Jalisco, el auge de los carteles de la droga se dio precisamente durante el gobierno del priista Enrique Álvarez del Castillo (1982-1988). Habría que recordar también los casos de Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y, por supuesto, del Estado de México.
Al hablar de la violencia creada por el narco, de manera por demás conveniente, Peña Nieto omite mencionar que el estado que él gobernó ocupa el primer lugar en el país en el número de homicidios dolosos contra mujeres. Según la PGR, mientras en 2005 se registraron 97 de estos asesinatos, en 2010 la cifra aumentó a 200, es decir 106% en cinco años, mientras que la población femenina sólo creció 8% en el mismo periodo.
Ante estas cifras, lo único que cabe preguntarse es: ¿qué autoridad moral tiene Peña Nieto para prometer que acabará con la violencia?
