Un cambio inminente en protocolo de decomisos en LA

LAPD dejará de confiscar autos a indocumentados, dicen autoridades

Un cambio inminente en protocolo de decomisos en LA
Las compañías de grúas se oponen al cambio de protocolo para el decomiso de autos de los indocumentados.
Foto: Archivo / La Opinión

Para el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y el jefe de la Policía (LAPD), Charles Beck, es inminente que la ciudad dejará de confiscar por 30 días los coches de los indocumentados, aclarando que ni el Cabildo, ni la Comisión de Policía, tienen autoridad para detener esta propuesta.

Al tratarse de un cambio de protocolo y no de política, la decisión recae en el jefe Beck, quien dijo a La Opinión que el decomiso de vehículos, que en 2010 generó más de 20 millones de dólares a las arcas municipales, la cifra más alta desde 2002, no debe ser una vía para elevar los ingresos locales.

Ambos comentaron a este periódico que permitir que un chofer sin licencia llame por teléfono a otra persona para que maneje su auto o que lo recupera el mismo día de la incautación, en lugar de esperar 30 días y pagar 1,500 dólares por remolque y almacenamiento, no representa un impacto negativo a la seguridad pública, como han advertido dos sindicatos de policías y las compañías de grúas.

“Hay mucha desinformación, esto no es dejar que un coche sea decomisado, ni dejar de infraccionar a un conductor, nada de eso, sólo afecta el plazo de las confiscaciones”, aclaró el jefe del LAPD.

“El objetivo principal de incautar un coche es detener el ejercicio inmediato de un delito, por tanto esa será nuestra meta. No debería ser un método para incrementar los ingresos”, añadió Beck.

De acuerdo con el borrador de la iniciativa, si un conductor sin licencia es detenido por una falta de tránsito, los agentes del LAPD deben otorgarle un tiempo “razonable” para que el dueño registrado del carro vaya al lugar y se haga cargo de este.

La Policía plantea que sólo se otorgue este beneficio a los indocumentados sin antecedentes penales.

Mañana viernes el cambio de protocolo será discutido por el Comité de Seguridad Pública del Cabildo. Un grupo de abogados ha denunciado que el presidente del panel, el concejal Mitch Englander, incurre en un conflicto de interés, ya que la firma de su tío, Harvey Englander, fue contratada por la asociación de Corralones Oficiales de la Policía (OPG), que agrupa a las compañías de grúas que retienen los coches, para realizar actividades de cabildeo contra dicho procedimiento.

Posteriormente, la iniciativa será turnada al pleno del Concejo Municipal, donde su principal crítico es el representante del Distrito 8 y exjefe del LAPD, Bernard Paks, quien presume que ésta podría afectar a la seguridad pública y las arcas del Ayuntamiento, por presuntas responsabilidades legales.

Sin embargo, Villaraigosa aclaró que los concejales no tienen autoridad en tal asunto. “Esto no es un cambio de política que alcanza el nivel de supervisión del Concejo de la ciudad”.

Beck, por su parte, explicó que si bien escuchará el punto de vista de los ediles, ellos no podrán votar para cancelar o modificar la propuesta. “Será una discusión. Quiero recibir sus aportaciones, escuchar cuáles son sus opiniones en este asunto y basado en eso y en las contribuciones de la comunidad tomaré una decisión”, señaló.

“Esto es algo referente al poder del jefe de la Policía por cambiar un procedimiento, más que un asunto de política”, subrayó Beck en una entrevista con La Opinión.

Sus detractores insisten en que las calles de Los Ángeles serán más peligrosas cuando la Policía permita que los conductores sin licencia manejen libremente por este metrópoli. El Sindicato de Policías de la ciudad advierte que, textualmente, habrán más heridos y muertos con la nueva norma.

“Sería imprudente y pone en peligro la seguridad pública”, expresa el grupo, que ha sido respaldado por el sindicato que representa a los policías del aeropuerto de Los Ángeles.

Grupos que defienden los derechos de los inmigrantes afirman que detrás de esta campaña “de miedo” se esconde una lucha por conservar un negocio lucrativo.

Un alto funcionario del gobierno de Los Ángeles que pidió omitir su nombre comentó: “Detrás de esto existe un interés económico”.

El liderazgo de la OPG ha defendido que su lucha en contra de la propuesta se basa en la seguridad, más que en las ganancias de almacenar coches en sus depósitos. De 2007 a 2011, aclara, la cifra que autos confiscados bajó de 183,000 a 125,653.

De hecho, la asociación afirma que “apoya los cambios en la ley estatal que reduciría la cantidad de conductores sin licencia al permitir la entrega de licencia provisionales” a indocumentados.

El concejal Eric Garcetti coincide en que es injusto que, por carecer de un estatus legal, un padre de familia pierda por 30 días el vehículo que lo transporta al trabajo. “No creo que esto abrirá las puertas al comportamiento criminal, sino permite que las personas contribuyan a la economía local”, dijo.

La ley AB 353, que desde el 1 de enero impide decomisar el auto de un indocumentado sobrio en los retenes de sobriedad de las agencias del orden, avala la postura del LAPD, indicó Beck. “Esta es una manera de añadir consistencia a lo que hacemos en toda la ciudad”.