Congelados cambios de decomiso de autos
Indocumentados siguen pagando 1,500 dólares o dejando sus autos
La ausencia de dos concejales congeló el plan de no confiscar por 30 días los vehículos de conductores sin licencia en Los Ángeles. La propuesta seguirá unos días más en el Comité de Seguridad Pública del Cabildo, retrasando la intención de la Policía de implementarla lo antes posible.
Mientras el debate se pospuso en el Concejo Municipal, muchos indocumentados continúan pagando 1,500 dólares o abandonando sus coches en los depósitos, derivado de los decomisos ordenados por la Policía, reclamó ayer la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
“Es decepcionante que la ciudad se resista a este cambio”, expresó Antonio Bernabé, organizador de trabajadores inmigrantes de CHIRLA. “Deben eliminar estos decomisos injustos e innecesarios que han afectado la relación entre la Policía y la comunidad”, añadió.
La discusión de la iniciativa, que plantea reducir el plazo de almacenamiento y permitir que un chofer sin licencia llame al dueño registrado del auto para hacerse cargo de éste, ha levantado polémica por un supuesto conflicto de interés entre el presidente del panel y una firma de cabildeo, y por la duda de si el asunto compete al Cabildo.
Sin la participación del público, en la reunión del Comité de Seguridad Pública se escuchó este viernes la propuesta de la Policía angelina, donde se recalcó que sólo beneficiaría a los automovilistas sin licencia por su condición indocumentada y sin antecedentes penales. Además, se precisó que el vehículo sólo se entregaría el mismo día del decomiso si su propietario posee una licencia de conducir válida.
“El jefe [de la Policía de la ciudad, Charles] Beck nos ha pedido ser consistentes con la modificación en retenes de sobriedad y con la nueva ley SB 353 [ambas se oponen al decomiso de automóviles de indocumentados en dichos operativos]”, subrayó Michel Moore, jefe asistente de la corporación.
Como un anticipo de los puntos centrales de su discusión en la próxima reunión del panel, el concejal Mitchell Englander externó su preocupación sobre la discrepancia que el cambio de protocolo podría tener con leyes estatales vigentes y por la responsabilidad legal que acarrearía el municipio.
“Estoy en total desacuerdo con partes de esta propuesta”, dijo el concejal, quien ha sido criticado porque su tío, Harvey Englander, dirige una firma que cabildea para la asociación de Corralones Oficiales de la Policía (OPG), integrada por las compañías de grúas que remolcan y almacenan coches incautados.
El concejal Englander preguntó si aún se pediría comprobante de registro y seguro vehicular a un conductor sin licencia de manejar, y qué pasaría si un policía espera a que llegue el dueño de un coche detenido y recibe una llamada para responder a una balacera.
“Tengo que entender y examinar distintos escenarios”, mencionó el edil.
El procurador de la ciudad, Carmen Trutanich, dijo ayer a La Opinión que, a pesar de la dependencia a su cargo no ha recibido la propuesta formal del LAPD, lo cual le impide determinar si en ésta tiene autoridad el Concejo o si representa un riesgo para la seguridad pública, él defenderá la postura del departamento de Policía.
“Lo que sea que el LAPD decida yo lo defenderé, es mi trabajo”, expresó el fiscal de la ciudad.
Esta semana el jefe del LAPD y el alcalde Antonio Villaraigosa recalcaron que el cambio en los decomisos es inminente, argumentando que, por tratarse de un asunto de procedimiento y no de política, ni el Cabildo, ni la Comisión de Policía, tienen autoridad para cancelarlo o modificarlo.
Englander respondió que sí se trata de un cambio de política y que el Concejo debe involucrarse.