Ordenanza del Condado de Cook en la mira

Revive el debate sobre el sistema de fianzas en el condado y los inmigrantes indocumentados

Ordenanza del Condado de Cook en la mira
La Junta de Comisionados del condado de Cook, en sesión.
Foto: Cortesía ICIRR

Chicago – Un comité de la Junta de Comisionados del Condado de Cook analizará una serie de enmiendas a la ordenanza que obliga a la Oficina del Alguacil del Condado a no honrar las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de inmigrantes indocumentados retenidos en su cárcel.

En septiembre del año pasado la Junta de Comisionados aprobó la ordenanza que indica que el Alguacil debe negarse a honrar las órdenes de detención de ICE, mejor conocidas como ‘immigration holds’, a menos que exista un acuerdo escrito con el gobierno federal.

Según el texto de la ordenanza, los agentes de ICE no tendrán acceso a los detenidos en la cárcel del Condado a menos que tengan una orden de arresto criminal.

Anteriormente, una vez que se imponía la fianza, si el individuo tenía una orden de detención de ICE podía pagar la fianza pero la cárcel lo retenía durante 48 horas, período durante el cual agentes de ICE lo ponían bajo su custodia. Pero actualmente, si el individuo paga el porcentaje asignado de la fianza puede salir libre.

Sin embargo, desde que se aprobó la medida hubo problemas y finalmente el pasado miércoles 18 de enero los comisionados aprobaron que la ordenanza sea revisada en el comité de legislación y se llame a testificar a la Oficina del Alguacil Tom Dart, a la Fiscalía del Condado de Cook, a ICE y al Departamento de Policía de Chicago.

MALESTAR AÑEJO

Desde hace más de seis años grupos pro inmigrantes han denunciado numerosos casos de inmigrantes indocumentados que son arrestados por la policía por ofensas menores y luego entregados a Inmigración.

También salieron a la luz casos de violaciones a los derechos civiles como los de inmigrantes detenidos durante seis meses o más, esperando la acción de parte de ICE, aun cuando ya habían cumplido sus sentencias por ofensas leves.

Después de la sentencia de un juez federal en Indiana con respecto a estas órdenes de detención de ICE, la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y el comisionado Jesús ‘Chuy’ García impulsaron la ordenanza citada, que fue aprobada el 7 de septiembre. Pero la reacción no se hizo esperar.

A fines de ese mes la West Suburban Chiefs of Police Association pidió a la Junta de Comisionados que invalidara la ordenanza, ya que aunque en un principio se había dicho que ésta se aplicaría sólo a individuos que habían cometido delitos menores ese no era el caso.

“La ordenanza permite que se liberen detenidos por delitos graves después de que paguen su fianza”, escribió Thomas Weitzel, jefe de la policía en el suburbio de Riverside y presidente de la asociación.

CASOS DE HISPANOS

Los policías de los suburbios del sur reaccionaron con furia ante el caso de Eduardo Sánchez, un sujeto que supuestamente fue detenido por un policía en una parada de tráfico rutinaria y fue acusado de golpiza agravada contra el oficial de policía.

Después de pagar $25,000, que correspondían al 10% de su fianza, Sánchez fue liberado bajo la nueva ordenanza, según los policías.

El otro caso que fue ampliamente destacado por la prensa local fue el de Saúl Chávez. El 8 de junio del 2011, el sujeto, que estaba en libertad condicional por DUI, supuestamente atropelló a William McCann, de 69 años, quien iba cruzando una calle en Logan Square.

Se alega que Chávez tenía un contenido de alcohol en la sangre de 0.29%. El hombre fue acusado de un delito grave, DUI agravado, pues McCann falleció producto del atropello, pero el 20 de noviembre también pagó el 10% de la fianza de $250,000 y fue liberado bajo la ordenanza en cuestión. No se presentó a sus fechas de corte y las autoridades creen que se fugó a México. ICE había emitido una orden de detención contra Chávez en junio pasado, según reportes de prensa.

ICE METE LA MANO

La ordenanza definitivamente ha tenido un impacto. De acuerdo con datos provistos por la Oficina del Alguacil a la radio WBEZ, en 2010 ICE puso bajo su custodia a 1,665 detenidos en la cárcel local mientras que en 2011 fueron 721.

Pero a principios de este mes, el director de ICE, John Morton, escribió una carta a la presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, argumentando que la ordenanza socava la seguridad en el Condado de Cook y entorpece la habilidad de ICE de hacer cumplir las leyes migratorias.

En dicha carta Morton indicó que desde que fue aprobada la ordenanza ICE emitió más de 268 órdenes de detención contra individuos acusados y convictos por crímenes y que el Condado de Cook no había acatado esas órdenes de detención.

Según ICE, las autoridades migratorias lograron ubicar y arrestar a 15 de esos individuos de manera independiente, después de que fueron liberados.

La regulación también indica que el Alguacil debe negarse a honrar las órdenes de detención de ICE a menos que el Condado sea reembolsado por los costos que implica esta práctica.

En su carta Morton afirmó que el Condado de Cook recibió un reembolso de $4.4 millones en 2009 y de $3.4 millones en 2010, según reportes locales.

Durante la discusión previa a la votación de la ordenanza, la Oficina del Alguacil informó que el costo de mantener a una persona detenida en la cárcel del Condado es de $143 por día. Los proponentes de la medida afirmaron que ésta le permitiría al Condado ahorrar entre $15 y $20 millones anuales.

Pero quienes se oponen a la misma afirman que cumplir con las órdenes de detención de ICE sólo cuesta alrededor de $250,000, sin contar los fondos que se reciben del gobierno federal.

¿QUÉ QUIEREN CAMBIAR?

Recientemente el comisionado Timothy Schneider, quien se opuso a la ordenanza desde un principio, propuso enmiendas a la normativa.

Un cambio propuesto permitiría que la Oficina del Alguacil acate las órdenes de detención de ICE contra individuos convictos de delitos graves, con un cargo pendiente de ‘uso de fuerza física o violencia contra un individuo’ o que estén en una lista de terrorismo (‘terrorism watch list’).

Schneider asegura que su propuesta tiene el visto bueno del Alguacil del Condado de Cook, Tom Dart, y de ICE.

Por otra parte, los comisionados Peter Silvestri y John Daley propusieron cambios para que la Oficina del Alguacil decida si acata órdenes de ICE para detener a individuos durante dos días después de que paguen su fianza, o hasta que se completen sus casos criminales.

COMISIONADOS TOMAN ACCIÓN

En la pasada reunión de la Junta de Comisionados se aprobó enviar las enmiendas a un comité que las analizará. Los comisionados también aprobaron la propuesta de la presidenta Preckwinkle, quien solicitó al consejo asesor judicial del Condado (Judicial Advisory Council) que realice un estudio sobre el sistema de imposición de fianzas.

Según Preckwinkle, “actualmente los jueces toman decisiones sobre liberar o detener a alguien en un instante, sin acceso a información apropiada y verificable sobre la cual basar sus decisiones”.

El estudio se realizará durante seis meses y no costará nada, dijo Preckwinkle. “Buscará la forma de proveer servicios previos al juicio, que permitan a los jueces tomar decisiones mejor informadas sobre los montos de las fianzas”, agregó la funcionaria.

“No se debe permitir que aquellas personas con las que se corre el riesgo de que se den a la fuga vuelvan a la calle, y se les debe imponer una fianza acorde. La seguridad pública es lo primero, independientemente del color, género o estatus migratorio”, expresó.

DEBATE CALIENTE

Durante la sesión de la Junta, sostenida el pasado miércoles, la comisionada Elizabeth Gorman manifestó su oposición a que la ordenanza fuera enviada a comité y más bien proponía que inmediatamente se aprobara una enmienda para impedir que se siga permitiendo la liberación de los acusados de delitos graves.

“Hemos dejado salir a gente con ofensas por DUI, robo de vehículo con arma de fuego, violencia doméstica, que han violado órdenes de protección, acusado de manufactura y distribución de drogas, todos estos son criminales que han salido a la calle por no honrar las órdenes de detención de ICE”, criticó Gorman.

Otros comisionados argumentaron que todos los días salen a la luz casos de actos violentos cometidos en la comunidad por individuos que fueron liberados por el estado con una libertad condicional “temprana” y no por la ordenanza aprobada. Ellos dijeron que esperan que discutiendo los cambios en comité escuchen de los oficiales públicos involucrados en este asunto y quienes no han comparecido anteriormente.

Mientras, el comisionado Jesús García dijo que había hablado con varios comisionados y que estaba a favor de que las enmiendas propuestas se discutieran en comité considerando el aspecto emocional y la forma en que una familia en particular había sido impactada por esta medida, refiriéndose al caso de William McCann.

“Analizaremos esto en comité y lo discutiremos porque la verdad es que he estado decepcionado de que eso no se hizo antes”, comentó García.

Y finalmente Schneider aclaró que independientemente de si el Alguacil Tom Dart permaneció en silencio en el pasado, ahora fue Dart quien le pidió que enviara estos cambios al comité “para que él pudiera ser escuchado”.

“A él [Dart] le gustaría estar aquí y dar su aportación sobre cómo podemos redactar una mejor enmienda a la ordenanza”, dijo Schneider.