Residentes exigen una reubicación digna

Decenas de residentes de las casas rodantes Travel Country RV Park en Garden Grove podrían quedarse sin hogar el próximo lunes.

Si la ciudad no accede a proveerle a las familias un paquete de reubicación que se ajuste a sus necesidades o un , “un lugar decente y digno donde vivir”, como lo expresó Lorena Rivera, una de las residentes de este conjunto de casas, que ayer protestó junto a otros 30 afectados en el ayuntamiento de la ciudad.

“Yo vivía muy feliz en mi casa y ahora nos quieren sacar para ellos poder construir un hotel”, comentó Adriana Reyes sobre el proyecto de la ciudad, donde se planea la construcción de un hotel y un parque acuático con una inversión de 47 millones de dólares. provenientes de fondos de la ciudad.

Este se ubicaría en el bulevar Harbor, justo donde está localizado el parque de casas rodantes en las que por décadas han vivido unas 170 familias, de las cuales una docena de ellas no ha recibido dinero suficiente para reubicarse en otro lugar, según denunciaron los manifestantes.

Ese es el caso de Ángelica Savedra, quien con su esposo y sus tres hijos aún habitan una de las casas rodantes, porque es el único lugar que les alcanza para pagar. “Para vivir en un departamento tendríamos que pagar por lo menos mil dólares y nosotros somos una familia de cinco, de bajos recursos. Mi esposo es campesino y yo no tengo trabajo”, expresó Savedra. “No podemos pagar más de lo que pagamos ahorita que son 700 dólares y la ciudad no nos está ayudando con lo que nos corresponde para buscar otra casa”, agregó la mujer, quien durante la protesta sostenía una pancarta y con la otra tomaba la mano a su hijo de tres años, Lázaro.

Con gran frustración y la esperanza de ser escuchados, los aún residentes del área, llegaron cerca del mediodía al ayuntamiento para intentar hablar con el alcalde. Cargando muebles, cajas, y otras pertenencias, los manifestantes subieron al tercer piso ante las miradas molestas e incrédulas de los empleados de la ciudad.

“Por qué vienen a gritar aquí, tendrían que respetar que estamos trabajando”, dijo molesto uno de los empleados.

Con la misma incertidumbre y un poco nervioso, el administrador de la ciudad, Matt Fertal comentó: “Ellos ya han recibido la oferta de un paquete de reubicación. Tal y como lo estipula la ley. No hay nada más que nosotros podamos hacer”, afirmó mientras llamaba a la policía.

No está claro la cantidad de dinero que se le ha ofrecido a las familias, pero de acuerdo expresiones previas de Fertal al The Garden Grove Journal, se les ofreció un plan que incluía el pago del costo de mudanza y la diferencia del pago entre la nueva residencia y la actual hasta por 42 meses.

Sin embargo, Peter Khuns de ACCE , organización que apoyo la manifestación, asegura que lo ofrecido no es lo adecuado. “Los paquetes de reubicación que se ofrecieron a los residentes variaron dependiendo del ingreso de cada familia, pero definitivamente fue muy por debajo de lo que legalmente merecen”, sostuvo.

El caso de Elena Ramírez evidencia lo que está viviendo los residentes. “Tengo una casa de 3 recámaras ahorita y lo que me dan en el paquete de reubicación apenas me alcanza para un estudio. Tengo un hijo con necesidades especiales. No puedo vivir en un lugar tan pequeño”.

De acuerdo con Fertal, el nuevo proyecto proveerá 600 empleos a la ciudad y dejará unos $8.5 millones en recaudación de impuestos.

Ante la mirada vigilante de la policía , los manifestantes expusieron sus casos uno a uno. Como Randy Maynor, que comentó que lleva más de tres años en la corte tratando de arreglar este problema con la ciudad. “Lo único que no quiero es vivir en la calle. La ciudad tiene una obligación legal con nosotros”, aseguró.

De acuerdo con las leyes sobre vivienda accesible y urbanización en California, las ciudades que tengan que desalojar a residentes para llevar a cabo proyectos de desarrollo , deben proveerles un plan adecuado de reubicación que asista a los residentes a encontrar un nuevo lugar donde vivir que sea comparable al que tenían.

“La ciudad ha adoptado un plan de reubicación deficiente en este caso desde el 2009”, dice un comunicado de la organización Public Counsel Law Center, la cual asiste a estos residentes en el proceso legal para conseguir sus derechos con el desalojo.