Un paso atrás en Texas

La comunidad latina es en gran parte la responsable de que Texas tenga cuatro congresistas más en la Cámara de Representantes, pero estos legisladores no necesariamente representarán los intereses de los votantes hispanos.

Ese es el resultado de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ayer que, ante la ausencia de un mapa con distritos nuevos, crea la incertidumbre de cuándo se realizarán las elecciones legislativas y perdura una oscura historia estatal de perjudicar el voto de las minorías.

En principio la Legislatura de Texas, dominada por los republicanos, redistribuyó los distritos electorales según la ley, aunque lo hizo de manera claramente partidista, ignorando a la comunidad que dio los números. Esto por asociar el voto de las minorías étnicas o raciales con el voto demócrata. La propuesta fue llevada ante un panel federal judicial que lo rechazó, señalando las aseveraciones de que Texas había discriminado intencionalmente en la elaboración de los mapas.

Ante esta situación otro panel judicial, en este caso de San Antonio, elaboró un mapa nuevo temporal, usando como base el último plan aprobado federalmente. En esta ocasión, se favoreció la elaboración de distritos de minorías, tal como lo señalan las leyes federales de los derechos del votante. La Corte Suprema rechazó esos mapas porque no se usó como base el nuevo plan de la Legislatura, el mismo que fue previamente considerado defectuoso por otro tribunal menor.

De toda esta confusión, de mapas y jueces, es especialmente preocupante que el Alto Tribunal haya criticado el mapa salido de San Antonio por considerarlo demasiado favorable a las minorías y contrario a los intereses de la legislatura.

Texas no tiene guías a seguir más que las leyes federales a la hora de reconsiderar los distritos, por eso es descarada la manipulación política de los distritos electorales. California ha pasado por esa experiencia y cambió su sistema para que sean los ciudadanos y no los legisladores los que marquen los nuevos distritos.

La decisión de la Corte Suprema es decepcionante porque premia esa manipulación que no respeta la integridad de las cifras del censo y niega a una porción de la comunidad latina la representatividad política que su demografía merece.

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