Bancos pactan nuevas reglas hipotecarias

WASHINGTON, D.C.- Los cinco bancos con los servicios de préstamos hipotecarios más grandes del país han acordado reestructurar su industria, luego de que las engañosas prácticas de ejecuciones hipotecarias causaran que muchos propietarios de viviendas perdieran sus hogares, anunciaron ayer autoridades del gobierno.

Se envió a las autoridades de los estados un acuerdo preliminar entre los bancos y los estados de EEUU para su revisión.

Aquellos que perdieron sus hogares a causa de una ejecución hipotecaria no tienen grandes posibilidades de recuperar su vivienda ni de beneficiarse económicamente de dicho acuerdo, que podría ascender a 25 mil millones de dólares. Unos 750,000 estadounidenses, casi la mitad de los hogares que podrían cumplir con los requisitos para recibir ayuda conforme al acuerdo, probablemente reciban cheques por 1,800 dólares.

Pero el acuerdo podría reformular las antiguas normas de los préstamos hipotecarios y facilitar la reestructuración de los préstamos para las personas que corren riesgo de enfrentarse a una ejecución hipotecaria. Además, aproximadamente un millón de propietarios de viviendas podrían observar una reducción en su hipoteca.

Cinco de los principales bancos, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citibank y Ally Financial, y los procuradores generales de los estados podrían adoptar el nuevo acuerdo en las próximas semanas, según dos autoridades que compartieron información sobre las negociaciones. Estas personas hablaron bajo la condición de permanecer anónimas, ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre el acuerdo.

Se convertiría en el acuerdo más grande de un sector particular desde el acuerdo del tabaco de 1998 en el que participaron varios estados. Además, pondría fin al período de muchas dificultades que se vivió como consecuencia de la crisis financiera del 2008.

Casi 8 millones de estadounidenses se han enfrentado a la ejecución hipotecaria desde que estalló la burbuja inmobiliaria. En algunos casos, las empresas que procesan las hipotecas no verificaron la información contenida en los documentos de la ejecución hipotecaria. Los casos de peores prácticas, conocidos colectivamente como “robo-signing” (robo-firma), los empleados firmaban documentos que no habían leído o usaban firmas falsas para aprobar ejecuciones hipotecarias.

Se espera que el presidente Barack Obama promueva este acuerdo cuando se dirija al país mañana en el Estado de la Unión. Su administración ha presionado a las autoridades estatales para que terminen de definir el acuerdo que lleva más de un año de elaboración.

Pero algunos señalan que el acuerdo propuesto no es suficiente. Sostienen que se debe realizar una investigación a fondo sobre las posibles prácticas ilegales de ejecuciones hipotecarias antes de cerrar el acuerdo.

“Otra vez Wall Street intenta pasar la responsabilidad a otros. En vez de procesamientos penales, estamos hablando de algo que no es más que un tirón de orejas, dijo el senador Sherrod Brown, demócrata de Ohio, que ha sido una figura clave en el acuerdo propuesto.

No se espera tener un acuerdo firmado para esta semana, señaló Geoff Greenwood, portavoz del procurador general de Iowa, Tom Miller, que lideró las negociaciones en los 50 estados.

El acuerdo solo se aplicaría a las hipotecas otorgadas por servicios privados emitidas entre los años 2008 y 2011, no aquellas controladas por las dependencias gubernamentales Fannie Mae o Freddie Mac. Fannie y Freddie controlan aproximadamente la mitad de todas las hipotecas de EEUU, casi 31 millones de préstamos hipotecarios en EEUU.

Como parte del acuerdo, alrededor de un millón de propietarios de viviendas podrían también recibir una reducción en el capital de sus hipotecas que puede promediar los 20,000 dólares. Uno de cada cuatro propietarios de viviendas con hipoteca, o lo que significa aproximadamente 11 millones de personas, tienen una deuda mayor que el valor de su vivienda. Los llamados prestatarios “sumergidos” tienen pocas posibilidades de refinanciar.

Los procuradores generales demócratas se reunieron ayer en Chicago para hablar sobre el acuerdo con el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Shaun Donovan. Los procuradores generales republicanos fueron informados sobre los acuerdos por teleconferencia más tarde ese mismo día.

Conforme al acuerdo:

* 17 mil millones de dólares podrían asignarse a reducir el capital de las hipotecas los propietarios en dificultades.

* 5 mil millones de dólares serían destinados a una cuenta de reserva para varios programas estatales y federales; una porción de ese dinero cubriría los cheques de 1,800 dólares que se enviarían a los propietarios que sufrieron prácticas engañosas.

* 3 mil millones de dólares se destinarían a ayudar a los propietarios de viviendas a refinanciar su deuda a una tasa del 5.25%.

En octubre de 2010, los principales bancos suspendieron provisionalmente las ejecuciones hipotecarias luego de que se hiciera pública la ola generalizada de prácticas engañosas de ejecuciones hipotecarias por parte de varios bancos. Luego comenzaron las discusiones sobre un acuerdo a nivel nacional.

Algunos estados no se pusieron de acuerdo sobre los términos a ofrecer a los bancos. En septiembre, California anunció que no aceptaría un acuerdo para los casos de abuso en las ejecuciones hipotecarias que las autoridades estatales y federales han estado trabajando durante más de un año.

La procuradora general de California, Kamala D. Harris, señaló ayer en una declaración que su capacidad de procesar a los servicios de crédito hipotecario por mala actuación “continúa siendo un criterio clave mediante el cual evalúa cualquier propuesta”. Pero su oficina se negó a hacer comentarios sobre el acuerdo propuesto que se encontraba circulando ayer. Tampoco dijo si California, el estado con la mayor cantidad de personas que perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria, aceptaría el acuerdo.

Nueva York, Delaware, Nevada y Massachussets, que entablaron juicios contra cinco importantes bancos a comienzos de diciembre por prácticas engañosas de ejecución hipotecaria, también afirmaron que los bancos no deberían ser protegidos contra futuros juicios por responsabilidad civil. El acuerdo no exoneraría a los bancos de los posibles juicios penales que a futuro los estados lleven adelante en forma individual.

Asimismo, ambos lados también discutieron sobre la cantidad de dinero que debería adjudicarse a la cuenta de reserva para los propietarios de viviendas que sufrieron una ejecución hipotecaria incorrecta. Muchos de los puntos más críticos del acuerdo, como el costo de 25 mil millones de dólares que representará para los bancos, se han resuelto desde hace mucho tiempo, afirmaron las autoridades.