Guerrero, una bomba social

Última parte de una serie

TIXTLA, México.- Los habitantes de este municipio ubicado en la Sierra Madre del Sur guerrerense se preparan para el autogobierno: empiezan por tener su propia seguridad en las calles y barrios y poco a poco toman el control de salud y la educación con clases y clínicas de medicina tradicional independientes.

Aún no quitan al munícipe y otros funcionarios, pero pretextos no les faltan. “Es que no han servido para nada”, dice doña Julia Martínez, una anciana de 70 años que ha sido partícipe de la toma del palacio municipal en dos ocasiones para pedir pavimentación, drenaje y luz en su barrio.

También ha gritado improperios contra la autoridad y tomado calles y hasta bloqueó la Autopista del Sol justo a la altura de Chilpancingo, la capital del estado, para enloquecer el tránsito que va de fin de semana desde la Ciudad de México al puerto de Acapulco.

Para callarla, el gobierno local le ha dado despensas con arroz, frijol; aceite y un vaso con el logo del partido gobernante en turno.

Múltiples políticos se tomaron fotos con ella que va siempre descalza y en harapos: un atuendo inmejorable para las campañas sobre combate a la pobreza.

Julia toleró las dádivas hasta que su hija enfermó: su cuerpo se hinchó , dejó de comer y ningún hospital la recibió gratis.

Hoy tiene que pagar dos veces al mes alrededor de 200 dólares por un tratamiento de diálisis, pero a veces no puede ir porque es ama de casa y el esposo gana sólo 10 dólares al día como peón.

“Nos dejan morir como perros”, describe furiosa.

La anciana vive en un cuarto con piso de tierra y paredes de madera de unos tres metros cuadrados con dos camas, una silla y una cocina de adobe donde cuece con leña algunas tortillas que le dan fuerzas para engrosar las filas del Movimiento Popular Vicente Guerrero.

La organización fundada en los años 90 del siglo pasado es un compendio de personajes engañados, defraudados, amenazados o encarcelados por el gobierno.

Fernando Gatica y su esposa Felicitas Padilla, entre ellos: en 2009 la pareja fue encarcelada junto con dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) acusados de terrorismo, sabotaje, conspiración, asociación delictiva, delincuencia organizada, acopio de armas, rebelión, homicidio y daños en propiedad ajena.

Los dejaron libres cinco años después, cuando se documentó sólo la rebelión.

Gatica replica esta versión mientras pedalea en huaraches de dos correas una destartalada bicicleta que usa como medio de transporte para ir a su parcela de maíz.

“Guerrero es más injusto que rebelde” dice a La Opinión.

Alejandrino González, un periodista y escritor que documentó en los libros Crónica Gráfica de la Rudeza e Hijos de la Montaña la relación entre pobreza, abuso de poder y guerrilla, afirma que los grupos armados en la entidad son consecuencia de la marginación y la costumbre política de ignorar las demandas sociales.

“Cuando se pasa hambre en Guerrero hay tres caminos: la movilización y los gritos en las calles o, si son reprimidos, las armas, sea el narcotráfico o la guerrilla”, comenta. “Aquí es más fácil conseguir una ametralladora que comida porque la oposición del gobierno en turno siempre está dispuesta a desestabilizar a sus rivales”.

Así creció el movimiento del profesor rural Lucio Cabañas, quien secuestró en los años 70 secuestró al Rubén Figueroa, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador, miembro de una familia que gobernó la entidad como una hacienda desde la época de la Revolución.

Tal fue el contexto también de otros campesinos cuyas problemáticas por las cuales lucharon en aquella época siguen intactas.

Después de pasar cuatro años en prisión acusado de formar parte de la guerrilla a Ayoyac de Álvarez, Zhoelio Jaimes, arrancó un proyecto comunitario de café con las que pudo mantener a su familia hasta que en los años 80 se liberó el mercado y el precio cayó de 250 dólares a 60 dólares por quintal.

Así volvió la escasez y las movilizaciones en la capital del estado donde obtuvieron algunos créditos que fueron cancelados con el cambio de administración. “Otra vez tuvimos que protestar, una y otra vez: así ha sido durante años”, dijo Jaimes hoy dirigente de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande.

El activista cuenta que durante seis meses y hasta noviembre pasado, el entonces secretario de Desarrollo Rural, Sofío Hernández, prometió apoyar un congreso de cafetaleros en Acapulco para atraer compradores, pero cuando dejó el cargo para buscar una senaduría, se olvidó del tema y su sucesor no sabe de qué le hablan. “Vivimos en un estado de lucha y resistencia: empezamos pacíficamente, pero poco a poco tenemos que tomar acciones más radicales”, comenta.

La Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, por ejemplo, pidió primero una entrevista con el alcalde de San Francisco y terminó por bloquear la autopista.

Todo comenzó cuando seis pueblos se quedaron sin agua para beber porque la autoridad municipal decidió verter el caño al río que cruza las localidades aledañas .

Los afectados se dieron cuenta hasta que murieron tres personas por infecciones estomacales y varios cientos padecían calvicie y hepatitis.

Manuel Olivares, integrante de la Red, describe que cuando el presidente municipal se negó a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, los inconformes bloquearon el pozo que abastece a la cabecera. “Si nosotros no tenemos agua, ustedes tampoco van tener”, argumentaron hasta que finalmente se ordenó la construcción de un canal especial.

“Lo autorizó el gobierno estatal como si nos hicieran un favor”, observa.

Las medidas de presión social en Guerrero tienen por lo general tres salidas: la muerte, la prisión o la adquisición de una deuda moral con el político que resolvió el problema.

En Tixtla se dicen cansados de esta manipulacio´n. “Ya no queremos cambiar al gobierno ni creemos en ningún partido porque todos son igual: una vez que son electos ya no te vuelven a consultar”, comenta Gonzalo Molina, líder del Movimiento Popular Vicente Guerrero: “Lo que queremos es que nos dejen en paz, gobernarnos nosotros mismos, la autodeterminación de los pueblos”.

RECUADRO

En contexto:

– Dos movimientos guerrilleros activos: ERPI y EPR.

– En 62 de los 81 municipios del estado ha habido asesinatos relacionados al narcotráfico.

– En Guerrero se encuentra el municipio más pobre del país, según el censo del Consejo Nacional de Población: Cochoapa El Grande.

– Acapulco es la segunda ciudad del país con el mayor número de ejecuciones con más de 700 en 2011.