Lucha campal por Rápido y Furioso

WASHINGTON, D.C.- Con una amenaza de desacato sobre su cabeza, el procurador general Eric Holder se enfrentó ayer al Comité de Supervisión del Congreso para responder por sexta vez, preguntas sobre el fallido operativo Rápido y Furioso.

Este permitió el trasiego ilegal de miles de armas, entre 2009 y 2010 a México, bajo el control de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, las que luego se extraviaron. Las banderas de alarma se levantaron, cuando algunas de ellas aparecieron en la escena del crimen del agente estadounidense, Brian Terry.

Tras una audiencia que duró casi cinco horas y fuertes minutos de tensión, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Darrell Issa (R-CA) mantuvo la amenaza de desacato, si Holder se niega a continuar cooperando con la investigación liderada por su equipo.

“Vimos progreso hoy. Todavía tenemos preguntas respecto a la habilidad del Procurador General de arreglar este problema. Queremos que los responsables en Washington reciban lo que merecen y no sólo la gente que estuvo a cargo de la operación en Arizona”, dijo Issa a La Opinión.

“Hemos tratado de ser pacientes, pero hemos dejado claro que esto tiene un límite. Usaremos el recurso de desacato si la cooperación se detiene. Mientras recibamos cierta colaboración, trataremos de continuar trabajando con el individuo. Tuvimos que empujar más fuerte para obtener la evidencia que tenemos ahora. Estamos dispuestos a seguir este camino”, agregó.

El desacato es un proceso largo y engorroso, que depende de muchos factores. En general está relacionado con el incumplimiento en la entrega de documentos exigidos por el Congreso. En caso de seguir adelante, el Comité de Supervisión se vería obligado a votar el desacato.

Luego existe la opción de aceptarlo, pero no reportarlo al pleno de la Cámara de Representantes, o de lo contrario, hacerlo y seguir adelante con el proceso. La medida debe ser aprobada en ambas asambleas legislativas. Personajes como Henry Kissinger y Karl Rove, han sido sometidos a este sumario.

Issa enfatizó que sólo un 8% de los 80 mil documentos, relacionados con Rápido y Furioso, fueron entregados por el Departamento de Justicia (DOJ).

En su testimonio preparado, Holder insistió en que su departamento no “producirá material adicional en respuesta a la supervisión del comité o de solicitudes de los medios, que son posteriores al inicio de la revisión del Congreso”.

También se refirió en varias instancias a la politización del proceso en general y a cómo legisladores republicanos han utilizado el escándalo de Rápido y Furioso para bombardear a la Administración.

Asimismo, defendió su gestión y pidió respecto por su labor y por la organización a la que representa, luego de que congresistas como Raúl Labrador (R-ID) lo increparan.

“Él lo que quiere es que todo el mundo lo trate como un general, como el que manda más. Pero la gente es la que tiene el mando. Por qué este Procurador General continúa viniendo al Congreso y diciendo cosas diferentes cada vez que contesta las preguntas. Él realmente no debe ser el Procurador General de Estados Unidos”, dijo Labrador a La Opinión.

Por su parte, legisladores liderados por el demócrata de más alto rango en el comité, Elijah Cummings (D-MD), defendieron la gestión de Holder e insistieron en que de acuerdo a la reciente investigación liderada por su equipo, se realizaron al menos tres operativos encubiertos de tráfico de armas, anteriores a Rápido y Furioso.

La tensión llegó a tanto, que cuando una de las legisladores republicanas le preguntó a Holder “cuántas personas más tendrán que morir para que encuentren respuestas”, algunos congresistas demócratas le gritaron que no respondiera a ese tipo de preguntas.

Cuestionado respecto a por qué DOJ se ha demorado tanto en la investigación del caso Terry, Holder adelanto que están “en el proceso de investigar el asesinato del agente y las personas que son responsables por él, tendrán que rendir cuentas y espero que oigan algo al respecto, relativamente pronto […] Pienso que sucederá este año, quizás en los próximos seis meses”, dijo.

La familia de Terry presentó una demanda contra el gobierno estadounidense, por 25 millones de dólares. La Administración tiene seis mese para responder.