Difícil el sacar a un maestro

Los padres de aquellos niños que han sido víctimas de abuso sexual por parte de sus maestros en escuelas del LAUSD como el que ocurrió en la primaria Miramonte, se preguntan cómo es qué después de los reportes anteriores sobre la mala conducta de éstos, las autoridades escolares no solo no retiraron a los maestros de los salones de clase, sino que no fueron despedidos del distrito inmediatamente.

Incluso se sabe que algunos otros casos que involucran a maestros con conducta impropia, fueron transferidos de una escuela a otra.

Así lo demuestra una lista proporcionada por la oficina legal del abogado Anthony De Marco, quien actualmente representa a dos víctimas que están demandando al distrito por abuso sexual en la preparatoria Hamilton.

La lista incluye 37 educadores del Condado de Los Ángeles, que fueron formalmente acusados de cometer algún tipo de acoso sexual en contra de sus estudiantes. De estos, 24 trabajaban para el LAUSD entre 1996 a la fecha.

“El ofensor de mi cliente fue demandado en 2010, sin que el LAUSD hiciera nada al respecto. No hubo investigación. Incluso, el distrito contrato a un abogado defensor para ese maestro”, sostuvo De Marco.

Al parecer la decisión de despedir a un maestro inmediatamente, cuando hay indicios de conducta impropia, no recae solamente en las autoridades del distrito sino que se procede en base al contrato colectivo con el sindicato de maestros. En este caso con el Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA). Y el proceso no es tan simple como parece.

Así lo explica el abogado Richard J. Schwab de la firma de abogados Trygstad, Schwab & Trygstad, que por años a representado a maestros y otros empleados del distrito en casos de perdida de credencialización y despidos.

“El código de educación es específico en cuanto a que un maestro o empleado clasificado deber ser retirado inmediatamente del salón de clase en cuanto se sepa de alguna razón que pone en peligro el código de conducta”, indicó Schwab.

“En el caso de un despido, se presenta una recomendación a la junta escolar del distrito, esta la revisa para adoptarla o rechazarla.Para entonces entregar una notificación de suspensión al maestro que puede incluir una suspensión de su sueldo”, dijo el abogado experto.

“Este tiene 30 días para apelar y luego el caso se realiza dentro de 60 días”, explicó y señaló que el acusado puede o no estar representado por UTLA.

Mucho se ha argumentado sobre el retraso que podría provocar la intervención de los sindicatos en el proceso de estos casos, debido a su poder político. Cuyos miembros en algunas ocasiones no enfrentan las consecuencias que merecerían por sus malos actos.

Como el del maestro de la primaria Miramonte, Mark Berndt, quien a pesar de haber sido arrestado y enfrentar cargos criminales, aún goza de su pensión de casi 4,000 dólares al mes.

Esto ya ha provocado la indignación de algunos legisladores estatales como el del asambleísta republicano de Santa Clarita, Cameron Smyth, quien después del actual caso de Miramonte propone que se busque enmendar la Constitución de California para prohibir que los condenados por delitos graves no puedan cobrar sus beneficios de jubilación.

“Es despreciable que el dinero de nuestros impuestos esté subsidiando la existencia de un pederasta que abusaba de los niños en su salón de clases”, dijo Smyth a través de un comunicado.

Para ser aprobada la propuesta del republicano y debido a que se trata de una enmienda a la Constitución, necesitará los votos de una súper mayoría en la Legislatura y de los votantes.