La ausencia de una propuesta conservadora para reformar las pensiones públicas en la boleta electoral de noviembre no debe ser motivo para detener el desafío de un cambio necesario lanzado por el gobernador Brown.

La reforma del sistema de jubilación de los empleados públicos va rumbo a la insolvencia, ya que no podrá abonar los beneficios prometidos bajo el sistema actual considerado por el analista legislativo “entre los más generosos del país”. Y uno de los más caros al costar este año cerca de 2,500 millones de dólares.

El problema es que las normas actuales son demasiadas permisivas en varios aspectos, elevando los costos, mientras que el retorno de las inversiones que hacen los fondos de pensión son menores a lo anticipado.

Recientemente CalPERS, que agrupa a los empleados publicos, reportó una ganancia de 1.1% en 2011 cuando necesita un 7.75% de rendimiento anual para cumplir con sus compromisos.

Por eso, los demócratas no deben dejar de lado esta reforma ahora que no estará en noviembre ante los votantes una temida iniciativa conservadora.

Brown ya presentó un plan de 12 puntos que debe ser tomado en cuenta. Las pensiones híbridas es lo más controversial, y lo que requiere mayor estudio, sin embargo existen en el paquete un serie de propuestas que cierran áreas del beneficio que se han prestado a abusos.

Es cierto que la promesa de la estabilidad de una pensión es parte de un paquete original de compensación, en el que la generosidad de la jubilación reemplaza a un salario menor al que se obtendría en el sector privado. Esa es la teoría. En la práctica esta idea ha ido cambiando por el impacto de la crisis económica, el clima político y las ventajas excesivas que algunos beneficiarios han tomado aprovechando las debilidades del sistema actual.

Pero más allá de todo esto, hay una cuestión económica que impactará a todos los californianos si no hay cambios. Si no hay dinero en los fondos para cumplir con las obligaciones, esa tendrá que salir de otras áreas de presupuesto estatal.