Juez podría deportar a un exministro
General es acusado en su país de torturas durante la guerra civil de 1980
ORLANDO, Florida (EFE).- Un juez de inmigración de Florida (EEUU) abrió las puertas a una posible deportación del general y exministro de Defensa de El Salvador Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado en su país de participar en torturas durante la guerra civil (1980-1992).
Pese a que todavía no se ha emitido una orden de deportación, el juez de inmigración de Orlando (centro de Florida) James Grim señaló en una audiencia este miércoles que Vides Casanova puede enfrentarse a este proceso, basado en los argumentos presentados en su contra por la Fiscalía federal, informó ayer una fuente judicial.
Grim decidió en la citada vista judicial que los argumentos presentados por Estados Unidos contra Vides Casanova, de 75 años, son suficientemente sólidos como para proceder a su deportación.
Al general retirado se le acusa de haber ordenado, permitido o no impedido actos de tortura realizados por militares durante ese período de la guerra civil en su país.
El magistrado sostuvo que existe una base sólida en las acusaciones contra Vides Casanova por su participación en el asesinato de tres religiosas estadounidenses y de otras violaciones de derechos humanos cometidos contra civiles salvadoreños.
Según la acusación, el exmilitar participó en el asesinato en 1980 de las religiosas estadounidenses Maura Clarke, Dorothy Kazel e Ita Ford, y de la misionera seglar Jean Donovan, que fueron secuestradas, violadas y asesinadas en El Salvador por integrantes de la Guardia Nacional.
Vides Casanova había sido también demandado por tres civiles por torturas sufridas bajo la llamada doctrina de mando de responsabilidad, en 1999.
Sobre el general pesan acusaciones de tortura en los casos de Juan Romagoza y Daniel Alvarado, quienes testificaron en su contra durante la audiencia de deportación que tuvo lugar en abril de 2011.
Las acusaciones de violación de derechos humanos fueron formuladas por la Fiscalía federal y un organismo especial del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, creado en 2003. Un portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) declinó hacer ningún comentario sobre la posible deportación del general retirado mientras el caso esté en litigio.
El caso se presentó invocando una ley de 1992 que permite presentar demandas civiles contra los violadores de los derechos humanos en otros países y que se hayan refugiado en Estados Unidos.
Vides Casanova, que lleva viviendo 22 años en EEUU, fue jefe de la Guardia Nacional durante un período de la guerra civil de El Salvador en el que el Gobierno del país centroamericano, apoyado por Estados Unidos, se enfrentó a las guerrillas de izquierda.
En 1989, Vides Casanova se mudó a West Palm Beach (al norte de Miami) y, en 2002, un jurado ordenó al exmilitar y a otro general, José Guillermo García, indemnizar a tres supervivientes y demandantes con 54.6 millones de dólares.
En 2009, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el inicio del proceso de deportación, a petición del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), que representa a los salvadoreños civiles.
El CJA había pedido a Estados Unidos, con ayuda de dos senadores, que analizaran de nuevo la acusación contra los generales y su posible deportación.
