Peligra atención sanitaria gratuita

Ha sido el tema más controversial de este año en el Congreso. La regulación difundida por el Departamento de Salud (DHH) que obligaba a los empleadores a proveer servicios anticonceptivos gratis como parte de su plan médico. Hoy el Senado votará para anular la medida, lo que impactaría a 6.1 millones de latinos.

Legislador republicano Orrin Hatch.

Legislador republicano Orrin Hatch. Crédito: AP

WASHINGTON, D.C.- Ha sido el tema más controversial de este año en el Congreso. La regulación difundida por el Departamento de Salud (DHH) que obligaba a los empleadores a proveer servicios anticonceptivos gratis como parte de su plan médico. Hoy el Senado votará para anular la medida, lo que impactaría a 6.1 millones de latinos.

La nueva reglamentación presentada en enero, eximía a compañías que tienen como misión primordial promover la religión, como las iglesias de proveer este beneficio, sin embargo, desató un rechazo amplio en entidades como la Conferencia de Obispos Católicos, ya que no quedaba claro qué pasaría con entidades administradas por centros religiosos, como escuelas, por ejemplo.

Tras la polémica, la Administración actualizó la regulación y determinó que este tipo de empleadores no estará obligado a ofrecer cuidado preventivo gratis. En su lugar, se requerirá que los seguros médicos entreguen cobertura sin costo.

El anuncio pareció calmar los ánimos en la Iglesia, pero no así en el campo político. Los principales candidatos presidenciales en la primarias republicanas criticaron al Presidente Barack Obama hasta el cansancio, por esta decisión.

Ahora, el campo de batalla llegó al Senado, donde el senador Roy Blunt (R-MO) propuso una enmienda, que permite a cualquier empleador rehusarse a proveer servicios de salud preventivos, incluyendo los de contracepción, sobre la base de razones morales o religiosas.

Blunt ha defendido su enmienda al señalar que “protege los derechos de conciencia de los ciudadanos estadounidenses”. Mientras co auspiciadores de la propuesta, como el senador Scott Brown (R-MA), han insistido en que “nadie debe ser forzado por el gobierno a hacer algo que va contra su fe”.

La propuesta es apoyada por el liderazgo de su partido en la Cámara Alta y por otros legisladores como Orrin Hatch (R-UT) y Marco Rubio (R-FL). No obstante, sus críticos cuestionan su amplitud e impacto en la población.

De acuerdo a DHH, los servicios en riesgo de ser eliminados incluyen, anticonceptivos, mamografías, exámenes prenatales y de cuello uterino, vacunas contra la influenza, entre otros que ayudan a la prevención de salud.

El gobierno a su vez, indicó que en California 2.2 millones mujeres podrían perder acceso a cuidado preventivo. El número más alto en el país, seguido por Nueva York con 1.3 millones y Florida con 1.1 millones.

“Esto es política enmascarada de moralidad”, dijo la senadora Bárbara Milkulski (D-MD), quien junto a diversas legisladoras demócratas, reclamaron contra la enmienda. “Bajo esta medida, un empleador se puede rehusar a dar servicios contra el cáncer”.

“Esta enmienda es un lobo disfrazado de oveja. Con ella se podrían negar servicios a 14 millones de niños, 1.6 millones en California. Un empleador podría rehusarse a dar cobertura a un matrimonio interracial, porque tiene objeciones morales contra ese tipo de uniones”, insistió Dianne Feinstein (D-CA).

Según DHH casi el 99% de todas las mujeres ha usado anticonceptivos en algún momento de su vida, pero más de la mitad de las que se encuentran entre los 18 y 34 años, tienen dificultad para costearlos. La nueva regulación será implementada en 2013.

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