Legisladores irán con todo contra maestros pederastas

Despedir inmediatamente a un maestro al que se le acusa de presuntamente haber abusado sexualmente de uno o varios estudiantes parecería ser algo inevitable. Sin embargo, el caso del maestro Mark Berndt de la primaria Miramonte, que enfrenta 23 cargos criminales en su contra por supuesta conducta lasciva, demostró que el procedimiento para despedir a este tipo de maestros en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) no sólo es complicado sino que además pone en riesgo la seguridad de miles de estudiantes.

Para poner un alto a estos procedimientos disfuncionales establecidos hace décadas bajo un contrato colectivo entre el distrito y el sindicato de maestros de Los Ángeles (UTLA), varias instancias se han mostrado decididas a cambiar esta situación a través de una nueva legislación en el estado.

El senador demócrata por el distrito 20, Alex Padilla, se prepara ya para presentar en los próximos 15 días una propuesta de ley en la que se le otorgue al distrito el poder de despedir directamente a los maestros en estos casos.

“El distrito escolar debería ser el que tome la decisión de despedir inmediatamente a un maestro al que se le acusa de cargos tan graves como el abuso sexual”, dijo Padilla a La Opinión.

Actualmente cuando un maestro es sospechoso de conducta inapropiada, se le hace una investigación que puede durar meses o hasta años, y que este puede apelar a través de un comité interno que decide si el despido es justificado.

“En mi opinión es la junta escolar del distrito la que debería tomar esa decisión porque son los padres de los estudiantes los que votaron para que estén en esa posición”, destacó el senador, quien señaló que la propuesta de ley está casi lista para presentarse ante la legislatura estatal.

“Solo nos hace falta definir el lenguaje especifico de esta”, añadió. “Es una ley que no solo va a proteger a los estudiantes del LAUSD sino a los estudiantes de cualquier distrito en California para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Miramonte”.

Por su parte el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, se manifestó firme también en favor de cambiar la legislación actual.

“Aunque las políticas estatales deben asegurarse de proteger a aquellos educadores que hacen un excelente trabajo, estas no deberían convertirse en un obstáculo que impida el despido inmediato de empleados involucrados en comportamiento criminal o que daña a los niños”, expresó Villaraigosa en una carta enviada directamente al gobernador de California, Jerry Brown, hace un par de días. Dicha carta, estaba firmada también por los asambleístas John Pérez y Connie Conwell.

La petición de Villaraigosa incluyó la solicitud de eliminar los derechos para que estos maestros, como en el caso de Berndt, se puedan mantener intactos a pesar de los cargos criminales que pesan en su contra.

“El caso del maestro de Miramonte demostró que a pesar de ser acusado de algo tan penoso, a éste se le indemnizó con $40,000 y el distrito tuvo que gastar $300,000 en procedimientos legales para despedirlo”, escribió el alcalde .

Pero fue más allá. “Es la obligación del estado que los procedimientos no sean tan irracionales y arduos que empujan a los distritos a tomar la decisión de aceptar una renuncia, que a continuar con el proceso de despido”, apuntó Villaraigosa en la misiva.

Tom Torlakson, superintendente del Departamento de Educación de California, ha mencionado la posibilidad de que se les retire la pensión a este tipo de maestros.

Esto porque por ejemplo en el caso de Berndt, quien a pesar de los cargos criminales que enfrenta y de que en menos de un mes se le podría dictar una larga sentencia en prisión, mantiene su derecho a continuar recibiendo los 4,000 dólares mensuales de su pensión.

“Estoy convencido de que se les debería retirar su pensión en estos casos”, sostuvo Torlakson.

En este mismo aspecto, el asambleísta republicano de Santa Clarita, Cameron Smyth busca enmendar la Constitución de California para prohibir que individuos como Berndt no puedan cobrar sus beneficios de la jubilación.

“Es despreciable que el dinero de nuestros impuestos esté subsidiando la existencia de un pederasta que abusaba de los niños en su salón de clases”, declaró Smyth.

Hace un par de días el superintendente del LAUSD John Deasy, manifestó su intención de modificar una cláusula del contrato colectivo que hasta ahora permite que luego de cuatro años se remueva del expediente de un maestro cualquier acusación de conducta inapropiada. UTLA, por su parte no quiso emitir ningún comentario al respecto.