El plan de realineamiento
El plan de realineamiento en el sistema presidiario promovido por el gobernador tenía múltiples propósitos como recortar el costo para el gobierno estatal, obedecer una orden de la Suprema Corte de Justicia de reducir la población penitenciaria y bajar el porcentaje de reincidencia más alto de la nación.
Esta es una misión mucho más ambiciosa que el repetido argumento de ayudar a lidiar con la crisis fiscal. La ley AB109 ordena que los presos que han sido recientemente convictos de delitos que no son considerados serios, violentos o sexuales cumplan su condena en cárceles en vez de las prisiones estatales. Los condados han recibido casi 400 millones de dólares y se espera que llegue a 1,000 millones anuales para que hagan las preparaciones necesarias.
El problema es que en la mayoría de los condados esos fondos están siguiendo la misma política de almacenamiento de detenidos que llevó el sistema penitenciario estatal al fracaso.
Un estudio reciente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Public Safety Realignment: California a Crossroads, señaló que la mayoría de los planes de realineamiento en los 53 condados estudiados se centran desproporcionadamente en la construcción de cárceles en vez de hacerlo en la rehabilitación a través de programas de salud mental, tratamiento de drogas y capacitación laboral.
Es cierto que la sobrepoblación en las cárceles condales es un problema, pero se estima que más del 71% de los 71 mil detenidos en este sistema está esperando ser procesado y permanece encerrado por no llegar al precio de la fianza. Para la ACLU esto se debe a que no evalúa antes del juicio la peligrosidad del detenido, ni tampoco la mayoría de los condados tiene definidos -incluso algunos ignoran esta posibilidad- de alternativas al encarcelamiento como el uso de grilletes electrónicos, entre otros. Los Ángeles es uno de los condados que sí tiene estas opciones.
El realineado presidiario ahorrará dinero a las golpeadas arcas estatales, pero si se quiere tener el impacto general, este tiene que estar acompañado de una reforma que uniforme las fianzas a lo largo del estado, un cambio en las condenas judiciales, y modificar la fórmula actual en la que se financia el realineado de manera que se alienten alternativas a la construcción de cárceles.
Creemos que la seguridad pública es primordial y los individuos peligrosos deben permanecer detrás de las rejas. Pero debe haber otros caminos. Las alternativas al encarcelamiento reducen costos y los programas de rehabilitación ayudan a bajar el 65% actual de reincidencia. Aprovechemos esta crisis para hacer un cambio significativo en el sistema carcelario, de lo contrario se repetirá el fracaso con las prisiones.
