Avanza ley que frenaría centro de detención
Senado de Illinois aprobó ley que frenaría la construcción de centro de detención de inmigrantes en Crete, Illinois
En una rueda de prensa realizada en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, los activistas anunciaron el cronograma planeado para una caminata hacia Crete, Illinois, este viernes. Crédito: Foto Cortesía Mario García-Baeza
Chicago – El Senado de Illinois aprobó un proyecto de ley que prohibiría que el estado, los condados y las municipalidades firmen contratos con empresas privadas para operar centros de detención civiles, como los que albergan a inmigrantes indocumentados, informó la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).
La legislatura aprobó hoy con 34 votos a favor y 17 en contra el proyecto SB 1064, impulsado por el senador estatal Antonio Muñoz. Ahora el proyecto será analizado por la Cámara de Representantes.
De ser aprobada, la ley incidiría en los planes de la empresa Corrections Corporation of America (CCA) de construir el primer centro de detención de inmigrantes privado de Illinois y el más grande del estado en la localidad rural de Crete, al sur de Chicago.
Actualmente la propuesta para construir el centro, que albergaría 700 camas, ya ha recibido el visto bueno de la Villa de Crete. Si la Villa lo aprobara definitivamente, dicho gobierno municipal firmaría un acuerdo intergubernamental con la Oficina de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE) para la provisión de servicios.
Luego la Villa de Crete firmaría un acuerdo con la CCA pero sería la CCA la responsable de la construcción y operación del centro
Rosalinda Borcila, activista del grupo Moratorium on Deportations Campaign, explicó a La Raza que en Illinois existe una ley -Private Correctional Facility Moratorium Act- que prohíbe que las prisiones del condado o estatales sean privadas. Pero como aquí se trata de un centro de detención federal, la ley actual no puede prohibirlo.
La ley indica que encarcelar a la gente “es una función gubernamental única”. El proyecto de ley propuesto extendería esta política a todas las instalaciones de detención civil.
“Introducir el tema de las ganancias económicas en el sistema de detenció solo puede generar negligencia y abuso de los detenidos y pobres condiciones de trabajo para el personal”, dijo en un comunicado Bernie Kopera, codirector del grupo Concerned Citizens of Crete and Surrounding Communities.
“Mantener el control público del sistema de detención asegura que las instalaciones donde los individuos están detenidos ‘en nombre del pueblo’ rindan cuentas y den la cara para responder por cualquier abuso o maltrato de los detenidos”, dijo Fred Tsao, director de políticas de la ICIRR.
