La lucha que no termina

WASHINGTON, D.C.-La comunidad inmigrante de Arizona espera con incertidumbre, pero en pie de lucha, una decisión de la Corte Suprema que podría determinar si partes claves de la ley SB1070 entrarán en efecto.

Hace dos años una de las leyes más duras contra la inmigración ilegal ocasionó el éxodo de casi 100 mil personas del estado, ante la posibilidad de que vuelva a implementarse muchas familias enfrentan la misma pregunta.”Siguen las deportaciones y los problemas en la comunidad más que nunca, y esto de la SB1070 puede empeorar las cosas”, opinó Carlos García, organizador del movimiento PUENTE minutos antes de una marcha en Phoenix iniciará.

La marcha coincidió con la audiencia en la Corte Suprema donde el Gobierno federal presentó argumentos a favor de mantener el bloqueo de cuatro partes de la ley que convierte en un delito estatal carecer de documentos legales.

Por su parte, el estado de Arizona argumentó que la SB1070 solo imita a las leyes ya establecidas por el Gobierno federal para sancionar la inmigración ilegal.Mientras se espera una decisión de los magistrados para junio, activistas proinmigrantes como Dulce Juárez, una joven de Arizona, afirman que muchos inmigrantes están experimentando temor e incertidumbre.

“La gente todavía sigue viviendo en temor, pero se ven más grupos y comunidades que están formando sus propios comités de defensa del barrio”, dijo Juárez en referencia a grupos de organización vecinal. “Se está viendo más la unión y más personas están saliendo a la luz”, sostuvo.

Daniela Cruz, de 20 años, es una de esas personas que ha decidido dar a conocer su estatus migratorio como inmigrante indocumentada como forma de protesta. “Me quiero quedar, quiero seguir peleando por esto, una vez que empiezas la pelea no te puedes detener”, dijo la joven que fue arrestada el pasado 20 de marzo en un acto de desobediencia civil para abogar por leyes federales como el “DREAM Act”.

La legislación que no está siendo discutida en el Congreso en estos momentos, pero fue presentada en los pasados años infructuosamente, permitiría la legalización de jóvenes como ella, si continúan sus estudios o se suman al Ejército.

La audiencia en la Corte Suprema despertó nuevamente el polarizado debate a nivel nacional sobre sí los estados pueden implementar leyes para controlar la inmigración, un área que domina el Gobierno federal.

La ley SB1070 entró en vigor el 23 de abril de 2010, después de ser proclamada por la gobernadora republicana Jan Brewer. Pero cuatro partes de la medida fueron inmediatamente bloqueadas por orden de la jueza federal Susan Bolton después de una demanda del Gobierno federal. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con Bolton. La decisión de ese tribunal fue apelada por Brewer en la Corte Suprema que estuvo de acuerdo en aceptar el caso.

“El día que proclamé la SB 1070, dije que era ‘otra herramienta que nuestro estado puede usar para resolver la crisis que nosotros no creamos (con la inmigración ilegal) y que el gobierno federal se ha rehusado a solucionar”, dijo Brewer.

Por su parte, Raúl Grijalva, congresista de Arizona, dijo que “las personas que apoyan la SB1070 tienen que considerar lo que está en juego en este caso”.”El tema aquí no solo es inmigración”, dijo el congresista en una declaración.

“Si la Corte Suprema decide que esta ley es constitucional, sus simpatizantes tienen que preguntarse qué sigue. ¿Los estados van a poder determinar sus propias políticas exteriores?”.

La Ley de Arizona motivó otras cinco leyes en los estados de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah.

García destacó que más allá de la decisión que pueda tomar la Corte Suprema, los inmigrantes de Arizona siguen siendo objeto de detenciones por parte del sheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio. El Sheriff Arpaio enfrenta una posible demanda del Departamento de Justicia (DOJ) por incurrir en violaciones de los derechos civiles de latinos durante sus operativos de redadas.”La comunidad de Arizona no va a aguantar este abuso. Estamos diciendo basta a la injusticia”, dijo Juárez.

“Estamos diciendo ‘No a Arpaio’. Y vamos a hacer lo posible para que la comunidad tenga justicia y no sigan estas leyes”.