Deportados denuncian abandono de abogados

MÉXICO, D.F.— Hace meses que Noel Rafael Hernández perdió todo al ser deportado de Estados Unidos: familia, casa, negocio y mucho dinero al contratar el servicio de un abogado que mintió al juez y lo abandonó sin informarle sobre el reglamento conocido como “discreción procesal”, aprobado en junio pasado por el presidente Barak Obama.

Hernández, de 43 años, es fundador de la microempresa de mantenimiento NHJ&Painting que emplea a 13 personas en Chicago; es padre de dos niñas de 16 y cuatro años y sin antecedentes penales, un candidato ideal para el recurso.

“Hubiera tenido una gran oportunidad si hubiera recibido la atención adecuada, si alguien le hubiera informado”, consideró Walter Coleman, pastor de la United Methodist Church, en Chicago, y activista de la organización Familia Latina Unida, que ha evitado la deportación de 50 personas con un perfil similar.

La normatividad de la discreción procesal contempla 30 causales para evitar la expulsión de indocumentados; entre ellas, no tener antecedentes penales; tener hijos ciudadanos o familiares veteranos o en el Ejército, estar embarazada, ser muy viejo y ser empresarios entre otros.

“Los motivos deben exponerse antes de salir de EEUU, ahora es demasiado tarde”, detalla Coleman.

La Administración del presidente Obama estima que unos 300 mil inmigrantes en proceso de deportación podrían ampararse en la discreción procesal

Hernández no recibió protección consular del Gobierno mexicano, sólo contrató a un defensor privado, pero este escribió mal el nombre del pueblo donde fue detenido su cliente y en automático lo echaron del país.

Ahora vive con sus parientes en Ecatepec, un municipio conurbano de la Ciudad de México, “no hago nada porque espero volver”.

Familia Latina Unida apoya a Hernández con el trámite de una visa humanitaria: las hijas y la esposa viven en Miami, pero la madre sufre ataques de pánico mientras intenta sacar adelante el negocio.

Este padre de familia se queja de la falta de información oficial tanto como Jesús González, de 25 años, otro emigrantes repatriado en 2010, de la “desidia” y “falta de atención” de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para ayudarle a recuperar su familia.

Un error en el acta de nacimiento de sus hijos Marisol (siete años) y Joseph (cinco) le impide pelear a la abuela materna la custodia porque la madre murió de un derrame cerebral.

Al inscribirlos en EEUU, el registro civil escribió mal el apellido del padre: Gonzáles, en lugar de González.

“Ahora tengo que arreglar ese error, pero allá me piden que sea de manera personal y ¿cómo voy a hacerlo si soy indocumentado y deportado?”.

Según este testimonio, tanto la cancillería como el consulado en Indianápolis han ignorado su situación. “Me dicen que lo arregle yo, pero no sé qué hacer: ya envié todos los papeles que me han solicitado y no puedo viajar a Estados Unidos”.

Sobre el caso, la SRE emitió un comunicado dirigido a este diario en el que detalló que hay “diversas complicaciones” y que “ha sido turnado a un abogado consultor, con conocimiento de las normas y prácticas locales”, a fin de explorar posibles vías de solución.

“Se seguirá brindando la asistencia y protección consular procedente a todos los ciudadanos mexicanos involucrados en este asunto”, puntualizó.

“Los migrantes se quejan recurrentemente de la falta de apoyo en los centros de detención, principalmente en los casos de separación de familia y maltrato”, comenta Guadalupe Chipole, del Centro de Atención al Migrante en la Ciudad de México.

Según cifras oficiales de la cancillería, de septiembre de 2010 a agosto 2011, las representaciones de México en el exterior atendieron 115,519 casos de asistencia y protección consular, 21.3% más que durante el período de septiembre de 2009 a agosto de 2010; 110,749 casos en Estados Unidos de América (EUA) y 4,770 en el resto del mundo.