LAPD dice sí a licencias extranjeras

La nueva política de LAPD no ha sido difundida

Los permisos de conducir emitidos por otros estados o países, podrían ser aceptados por la Policía de Los Ángeles.

Los permisos de conducir emitidos por otros estados o países, podrían ser aceptados por la Policía de Los Ángeles. Crédito: Archivo / La Opinión

No lo ha divulgado, pero la Policía de Los Ángeles (LAPD) ya consideraría válidas las licencias de conducir de otros estados y países, que portan muchos inmigrantes indocumentados, según la interpretación que hace la Liga Nacional de Abogados (NLG) a la política de decomiso de coches de la corporación.

Su conclusión se basa en un párrafo de la Orden Especial 7, en vigor desde el pasado 28 de abril, que establece que no se debe confiscar un vehículo por 30 días si “el conductor nunca ha recibido una licencia de conducir en alguna jurisdicción (nacional o extranjera)”.

“Esto significa que no van a poder decomisar coches de la gente que tiene una licencia de México, Guatemala o de otros estados, incluso cuando la licencia ha expirado”, explicó Cynthia Anderson-Barker, representante de NLG y quien recién analizó el nuevo protocolo del LAPD.

Anderson-Barker piensa que la Policía angelina lo redactó así para no oponerse al veredicto de una corte federal que a principios de 2011 resolvió que las agencias del orden de California no deben incautar autos a conductores con licencias que han expirado sólo por no ser renovadas (ya que el estado niega este derecho a los indocumentados desde 1994) o que fueron emitidas por otras jurisdicciones.

En el veredicto de esa demanda, interpuesta en contra de los gobiernos de las ciudades de Los Ángeles, Maywood, Escondido, Long Beach, Ontario y Riverside, así como los condados de Los Ángeles y Riverside, la corte avala que se confisquen los coches sólo si un individuo conduce con una licencia suspendida, revocada o sin jamás haber recibido el documento de alguna autoridad.

La ley de California, en tanto, establece que cualquier visitante puede manejar con una licencia emitida en su lugar de origen, pero sólo mientras su estadía en la entidad sea pasajera.

Washington es uno de los pocos estados del país que permiten que una persona sustituya la presentación de una tarjeta de seguro social por comprobantes de domicilio para otorgar una licencia de manejo (algo que ya ha sido cancelado en Oregon, Utah y Michigan). Por ello, muchos indocumentados que viven en California acuden a ese lugar para obtener el documento.

“Si los paran en la calle muestren sus licencias vencidas o de otras jurisdicciones para evitar que les decomisen los coches”, recomendó la abogada Marissa Nuncio, quien consideró la concesión como un logro de los grupos comunitarios que han luchado sin descanso en contra de las incautaciones.

La percepción inicial era que los indocumentados sólo pueden evitar un decomiso si no tienen antecedentes penales, no fueron culpables de un accidente grave o si muestran una identificación válida y comprobantes de registro y seguro vehicular.

Todo eso se invalida desde el 22 de abril, según la lectura de la NLG, si portan licencias foráneas. “Es un cambio muy importante”, subrayó la abogada Nuncio.

No fue posible obtener un comentario de la Policía de Los Ángeles, aunque Michel Moore, subjefe de la corporación, mencionó hace unos días que, si bien se encuentra en proceso de evaluación, le daba una calificación positiva al nuevo protocolo de decomisos.

“No hemos escuchado quejas de la gente que sus carros fueron confiscados bajo una sección equivocada”, mencionó entonces a La Opinión.

La Liga Nacional de Abogado se ha enfocado ahora en divulgar este hallazgo, para encontrar y defender a las personas que perdieron sus vehículos por una interpretación equivocada de la ley. El grupo pide llamar al teléfono (323) 364-3456 para reportar casos de este tipo.

“Queremos monitorear esto”, comentó Anderson-Barker. Colleen Flynn, integrante de la Liga Nacional de Abogados, también recomendó a los conductores con licencias de otras jurisdicciones no proporcionar información a la Policía sobre su estatus migratorio.

“La Policía no tiene derecho de preguntar si están o no legalmente en este país”, dijo Flynn. “Si lo hacen avísennos”.

Desde que entró en efecto, la Orden Especial 7 redujo las incatuaciones por 30 días en un 50%.

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