En favor de los propietarios

Sacramento debe aprobar los proyectos de ley SB900 y AB278
En favor de los propietarios

Entre 2008 y 2011, más de un millón de familias perdieron sus casas en California. Otro medio millón está aún en el proceso de embargo. Según cálculos de la procuraduría del estado, las familias latinas tienen un 22% más riesgo de un embargo inminente.

La mayoría de los bancos no han respondido a la altura en lo mínimo que deberían hacer: facilitar el proceso de negociar una modificación de hipoteca para los dueños en riesgo de perder su propiedad. Un paquete de medidas que avanza en la legislatura estatal proporciona algunos remedios con sentido común para evitar y castigar los abusos y mejorar el servicio que las instituciones bancarias dan a los propietarios en problemas.

No se trata de garantizar una modificación, sino de que se trate con justicia al propietario. Por ejemplo, se evitaría que los bancos comiencen el embargo mientras están negociando con el dueño un posible remedio, lo que ahora es una práctica común. También que ofrezcan un único punto de contacto al cliente para procesar su solicitud, así como una explicación clara del porqué se rechaza la modificación. Además, se multaría a bancos que aprueben múltiples préstamos sin verificación de documentos -una práctica común durante el tiempo que duró la burbuja hipotecaria-, se proteje a inquilinos de viviendas embargadas y extiende las protecciones a todos los bancos de California, no sólo los cinco más grandes incluídos en el “Acuerdo Nacional de Hipotecas”.

Esta semana, dos proyectos de ley conocidos como “Carta de Derechos a Propietarios”, SB900 y AB278, llegarán a las dos cámaras de la legislatura estatal. Los bancos grandes están haciendo un cabildeo intenso para evitar que se apruebe, pero curiosamente, los Banqueros Independientes de California y la Liga de Crédito de California se han mantenido neutrales.

Estas protecciones son necesarias para incorporar cierto orden y justicia al proceso y esperamos que la legislatura haga lo correcto para proteger a los propietarios y a la economía de California, que no despegará mientras continúe el declive en el mercado inmobiliario.