Cobran a jóvenes hasta $1,000 por abrir casos de acción diferida

Las advertencias sobre la ‘acción diferida’ —la suspensión temporal de deportaciones de jóvenes estudiantes y el otorgamiento a ellos de permisos de trabajo bajo ciertas condiciones— se escuchan por todas partes.

Activistas, funcionarios consulares y abogados de inmigración están pidiéndole a la comunidad cautela para que no terminen siendo víctimas de cuotas altas e información equivocada que incluso podría poner a los jóvenes en riesgo de deportación.

Con la oferta de la administración del presidente Barack Obama de detener por dos años la deportación de jóvenes que cumplan ciertos requisitos y concederles permisos de trabajo han aparecido algunos abogados y notarios que están ya cobrando por servicios para abrir casos de acción diferida cuando aún no existe una solicitud que llenar ni se han dado a conocer los trámites específicos que deben seguirse.

“No se puede aplicar [solicitar] para la acción diferida en estos momentos, tiene que ser hasta después del 15 de agosto, así que es mejor esperar”, dijo César Espinoza, director de la organización FIEL.

RUMBO visitó varios despachos y encontró que en algunos sí se cobra hasta $1,000 para ser representado por un abogado en un caso de acción diferida. En uno de los despachos dijeron que existe una lista de espera y aconsejaron abrir el caso lo más pronto posible porque aseguraban que cuando ya se comiencen a aceptar las solicitudes, el próximo 15 de agosto, “va a haber un caos por la cantidad de gente que va a estar aplicando”.

Uno de los despachos pidió un pago adelantado de $500 para comenzar el trámite y dos pagos posteriores de $250.

A pesar de que las autoridades de inmigración no han dado a conocer el costo del trámite ni los lineamientos finales, en algunos despachos se le está diciendo a la gente que deben estar preparados para pagar entre $400 y $450.

Los abogados que están cobrando por ofrecer este servicio no estarían violando la ley pero su ética es cuestionada por algunos de sus colegas.

“En realidad no es correcto, tampoco es ético porque las personas llegan a nuestras oficinas pensando en que van a recibir un consejo legal a beneficio de la persona. Si un abogado les está diciendo tráigame su dinero y no sé yo si usted va a calificar o no, al final del día entonces ese abogado está pensando en su beneficio propio y no en el de la gente que lo va a contratar”, comentó Silvia Mintz, abogada de inmigración.

Las cuotas que se están cobrando por adelantado básicamente son estimaciones por parte de los profesionistas que están aceptando dinero por abrir estos casos.

“En algunos casos que nos han llegado a nuestra atención se nos ha dicho que abogados y notarios les dicen que existe una lista de espera y que ya hay un formulario, pero ese formulario que tienen es un formulario interno de ellos, no es un formulario oficial”, dijo Luis Malpica y de Lamadrid, cónsul general de México en Houston.

Algunos abogados y notarios, según varios activistas, están dando información errónea y en algunos casos creando ilusiones falsas.

En uno de los despachos que visitó RUMBO se no dijo que un estudiante indocumentado podría solicitar la acción diferida a pesar de que específicamente se estableció que solamente tenía tres años viviendo en Estados Unidos, lo que lo descalificaría ya que uno de los requisitos de la acción diferida es que la persona para ser elegible debe haber estado en Estados Unidos por un mínimo de cinco años.

Los lineamientos generales que ya se dieron a conocer difícilmente cambiarán de aquí al 1 de agosto, cuando se espera que se den a conocer todos los requisitos para los eventuales beneficiarios. Por ello, si se somete una solicitud equivocada la persona se puede meter en serios problemas con las autoridades de inmigración, tenga la representación de un abogado o no, indicaron fuentes consultadas.

“No van a haber cambios, no van a haber excepciones. Los lineamientos básicos que ya fueron dados por el Departamento de Seguridad Nacional no van a cambiar”, sentenció Mintz.

“Entonces si la gente no califica por los lineamientos que ya fueron anunciados, no deben solicitar la acción diferida porque si lo hacen Inmigración tiene la autoridad de ponerlos en proceso de deportación, esa es la ley de inmigración ahora, si una persona somete una solicitud a la cual no es elegible se le pone en proceso de deportación”, agregó la abogada.

Activistas que están llevando a cabo foros sobre la acción diferida dicen que quizá no sea necesario contratar un abogado porque quizá el proceso de solicitud no sea tan complicado y porque hasta el momento nada se gana con contratar un abogado, ya que no existe ninguna lista de espera y al momento que se abra el proceso para someter las solicitudes se dará amplio tiempo para realizar el trámite.