Jefe del Fisco argentino niega irregularidades en caso de corrupción
La pesquisa sobre el trato a una imprenta involucrada en presunto lavado de dinero, salpica al vicepresidente del país, Amado Boudou
La presidenta de Argentina Cristina Fernández y su vicepresidente Amado Boudou. Crédito: AP
Buenos Aires – El titular del Fisco argentino, Ricardo Echegaray, aseguró hoy que el organismo actuó de forma “transparente y ajustada a derecho”, al negar irregularidades en el trato a una imprenta investigada por presunto lavado de dinero, en un caso que involucra al vicepresidente, Amado Boudou.
“Estamos a disposición de la Justicia para esclarecer las dudas que pudieran surgir en el ‘caso Ciccone’, aunque es importante aclarar, una vez más, que todas las decisiones se tomaron en el marco del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario”, indicó Echegaray en rueda de prensa.
Un fiscal federal pidió hoy a la Justicia que investigue al jefe de la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP) por presuntas anomalías en “los términos y condiciones” de la prórroga que otorgó el Fisco a la imprenta Ciccone sobre su deuda de 62,7 millones de pesos ($13,5 millones).
Ciccone, dedicada a la impresión de moneda argentina, está en el centro de una causa judicial en la que también se ha visto involucrado Boudou por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero.
Lo que “hicimos con Ciccone fue concederle un plan de facilidades de pago, en el marco de la ley, en función de cumplir con el objetivo primario de asegurar la recaudación, procurando conservar el funcionamiento de la empresa y las fuentes de trabajo”, subrayó Echegaray.
“La AFIP ha recaudado más de 7.000.000 de pesos ($1,5 millones) por el plan de pagos de Ciccone, algo muy distinto a una moratoria, ya que no hemos condonado ni intereses ni multas”, agregó el funcionario.
El escándalo por el “caso Ciccone” estalló públicamente en febrero pasado, cuando Laura Muñoz, exesposa del abogado Alejandro Vandenbroele, declaró que su exmarido, dueño de Ciccone, era “testaferro” de Amado Boudou.
La justicia busca determinar si el vicepresidente utilizó sus influencias en 2010, cuando era ministro de Economía, para favorecer a la imprenta con el levantamiento de la quiebra de la firma.
En los tribunales intentan determinar además si en esa operación hubo lavado de dinero.
El vicepresidente argentino asegura que las denuncias en su contra por el “caso Ciccone” no tienen “el menor asidero” y afirma que no ha hecho “nada que esté fuera de las normativas o dentro de algún abuso personal”.
