Luchan por conservar la custodia de sus hijos

Muchas familias de deportados se desintegran por decisión de jueces

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Luchan por conservar la custodia de sus hijos
En la foto, Felipe Montes, junto a su esposa y su bebé recién nacido. Montes ha entablado una batalla para recuperar a su hijo.
Foto: EFE / Archivo

Última parte de una serie

En el 2007, Encarnación Bail Romero perdió la custodia de su hijo de seis meses Carlos luego de ser detenida durante una redada del ICE en una planta procesadora de pollos en Misuri. Mientras estuvo detenida, el bebé permaneció bajo la custodia de familiares y posteriormente fue adoptado, en contra de la voluntad de la madre, por una pareja luego de que un juez dictaminó que el pequeño estaría mejor allí.

“Ingresar ilegalmente a un país y cometer delitos en este país no son un estilo de vida que pueda ofrecer estabilidad a un menor”, escribió el juez David Dally.

La Corte Suprema de Misuri determinó el año pasado que esa decisión fue “una farsa” y que no se habían seguido los procedimientos correctos para quitarle a la madre la custodia de su hijo. Se dispuso un nuevo proceso.

Si bien Bail Romero tiene una orden de deportación, el gobierno guatemalteco le consiguió un permiso temporal para que permaneciese en Estados Unidos y luchase por la custodia de Carlos, quien tiene hoy 5 años y ha sido rebautizado como Jamison por sus padres adoptivos. La mujer esperaba llevarse al pequeño a Guatemala y criarlo allí con sus otros dos hijos.

“Soy la madre de Carlitos”, le dijo a un juez de Green County.

En julio, sin embargo, se rechazó su solicitud. El juez dijo que la mujer había abandonado a su hijo.

En Sparta, pueblo de montaña de Carolina del Norte, la familia de Felipe Montes encara una batalla similar. Cuando el servicio de inmigración deportó a este jornalero mexicano de 32 años, sus tres hijos -todos estadounidenses– quedaron bajo el cuidado de su madre, una mujer nacida en Estados Unidos que tiene trastornos mentales. Dos semanas después, los chicos fueron ubicados en hogares temporales.

Montes y su esposa quieren que los niños vivan con el padre en México, donde Montes trabaja en una granja que produce nueces y comparte una vivienda con un tío, una tía y tres sobrinas.

Pero los servicios sociales le pidieron a un juez que le retire la custodia de sus hijos aduciendo que los menores tendrán una vida mejor en Estados Unidos.

“No tomo, no fumo, no me drogo”, dijo Montes. “Siempre cuidé a mis hijos, siempre les di cariño”.

El cariño de un padre es apenas uno de los elementos que entran en juego. Incluso cuando los niños permanecen con sus padres, las cosas no son fáciles. A menudo no hablan la lengua de su nuevo país y se retrasan en la escuela. Por otro lado, deben acostumbrarse a un nivel de vida inferior al que estaban habituados.

“No tienen el mismo acceso a cuidados médicos y a una educación”, expresó Aryah Somers, abogada de inmigración de Washington que se encuentra en Guatemala con una beca Fulbright, estudiando el efecto de las políticas de inmigración de Estados Unidos en los menores. “Sus padres no están en condiciones de comprar los alimentos a que estaban acostumbrados y vemos muchos niños estadounidenses malnutridos, viviendo en condiciones que serían inaceptables en Estados Unidos”.

Dieciseis de esos niños estadounidenses viven en el poblado de San José Calderas, en Guatemala, en una extrema pobreza, recibiendo muy poca educación y cuidados médicos. Sus padres figuran entre los casi 400 inmigrantes sin papeles detenidos en una redada del ICE en una planta procesadora de carne en Iowa en el 2008. Los niños están malnutridos y apenas si pueden leer y escribir en español o inglés, de acuerdo con Somers.

Pero tienen algo con lo que sueñan sus primos: un pasaporte estadounidense que les puede abrir las puertas a un futuro mejor. En cuanto tengan la edad apropiada –10 o 12 años–, muchos de ellos serán enviados de regreso a Estados Unidos por sus padres. Y el gobierno estadounidense, dijo Somers, tendrá que hacerse cargo de las repercusiones sociales, médicas y psicológicas derivadas del hecho de que se tuvieron que ir del país.

Somers, quien lleva ocho meses en Guatemala, dice que se ha topado con cantidades de deportados que se tuvieron que separar de sus familias, incluidos muchos que no tienen antecedentes delictivos y que fueron deportados luego de que se anunció que el ICE adoptaría una política discrecional.

Describió el caso de una mujer de Los Ángeles, víctima de violencia doméstica, que fue deportada este año cuando la policía intervino para poner fin a una riña en su casa. Desesperada por reunirse con su hijo de 3 años, quien es ciudadano estadounidense, la mujer se fue a México, desde donde se propone intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos otra vez.

Somers dice que le recomendó no hacerlo, pero que la entiende. “¿Quién puede culparla?”, preguntó. “Está frustrada, destruida”.

Hay algunos indicios de que las cosas pueden estar cambiando. Somers dice que ha oído de casos en los que agentes del ICE suben a aviones que van a trasladar a deportados y sacan a personas que vinieron al país de niños y estudiaron. Acatan así la orden ejecutiva de Obama de junio, según la cual las personas que vinieron al país ilegalmente de niños y no tienen antecedentes penales pueden permanecer en el país y trabajar.

La secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano dijo que esa política es parte de un cambio mayor y que en el futuro el gobierno se enfocará en deportar a las personas violentas o que cometieron delitos.