Cárceles plagadas de abusos

Hace un año, contó Sandra Neal, su hijo fue golpeado por los custodios de la cárcel del condado donde lo encerraron supuestamente por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). Le quebraron la nariz, varias costillas, le tumbaron algunos dientes, lo dejaron moretones por todo el cuerpo y le colapsaron un pulmón.

El joven, de 27 años de edad, tuvo que ser hospitalizado durante cuatro días, tiempo que no le permitieron hacer llamada telefónica, por lo que su madre no pudo verlo.

Al salir del hospital lo dejaron en libertad al no encontrarle rastros de drogas o alcohol en su organismo, por lo que los cargos que le imputaban fueron retirados.

La señora Neal decidió poner una queja ante el Departamento del Sheriff por la golpiza que recibió su hijo, pero una carta que le envió el jefe Lee Baca le indicaba que el caso ya había sido investigado, resultando que los oficiales habían utilizado la fuerza de manera correcta.

Lo que le pasó a su hijo llevó a la señora Neal a involucrarse en la recién creada Coalición para Poner Fin a la Violencia de Alguaciles en las Cárceles de Los Ángeles (End Sheriff Violencia in L.A. Jails) que busca hacer responsable al sheriff Lee Baca de los abusos contra reos.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), que desde hace 30 años ha tenido en la mira a las cárceles del condado, se sumó a esta coalición al considerar que los abusos han sido documentados y no se han tomado las medidas correspondientes.

Peter Eliasburg, director legal de ACLU, participó ayer en una conferencia de prensa para insistir que en el departamento en el que cobra como sheriff Lee Baca, se deben hacer cambios dramáticos ante las constantes violaciones de derechos civiles que se denuncian.

Indicó que se deben tomar como ejemplo las reformas a las que fue sometido el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), donde no se trató de una respuesta única, sino de una serie de pasos para responder a los casos de Rampart y de los disturbios de 1992 tras la golpiza a Rodney King.

“Se debe poner presión al Departamento del Sheriff y a la Junta de Supervisores para hacer los cambios necesarios”, apuntó Eliasburg.

Ayer mismo la Comisión Ciudadana sobre la Violencia en las Cárceles (CCJV) tuvo su penúltima reunión para analizar los problemas que han estado revisando sobre los problemas carcelarios.

En la sesión de ayer, sus integrantes se enfocaron en criticar la actuación del sheriff Baca y del subjefe Paul Tanaka, a quienes calificaron de ser insensibles y de solapar los abusos, además, junto con personal de comando, tolerar el código del silencio.

También precisaron que los altos mandos del Sheriff, incluyendo a Baca, han fracasado en controlar e investigar el abuso de la fuerza en contra de reos.

Aunque la CCJV considera que la mayoría de los oficiales del Sheriff trabajan de manera ética, se concluye que existen custodios que tienen una mente distorsionada al considerar el uso de la fuerza como el primer recurso disponible como respuesta a determinada situación.

La CCJV se formó en octubre de 2011 por instrucciones de la Junta de Supervisores y será el próximo mes cuando ofrezca un reporte detallado de la problemática y una serie de recomendaciones que conlleven a restaurar la confianza del público en la operación de las cárceles.

Patrisse Cullors, organizadora de la Coalición para Poner Fin a la Violencia en las Cárceles, indicó que entre sus demandas está la permanencia de una junta ciudadana de revisión y una completa reestructuración del sistema carcelario.

También, dijo, no es necesario construir más cárceles como lo propone el sheriff Baca, ya que eso no cambiará la cultura de la violencia de sus custodios, a quienes se les debe de inculcar los principios básicos de trato de prisioneros.