Retan comparación de ADN

SAN FRANCISCO.- A un hombre de Alabama se le acusó este mes por el homicidio de un adolescente de Oxnard, ocurrido en 1980; a otro hombre de Placerville se le arrestó en agosto por el caso de violación y homicidio de una adolescente de San Mateo, ocurridos en 1986; y un hombre de San Francisco enfrenta un enjuiciamiento por homicidio y asalto a un turista hace dos décadas.

Los avances tecnológicos de los últimos años en la genética y la informática han convertido los “casos cerrados” en un trabajo policial casi de rutina.

La Oficina del Procurador General de California informa que la base de datos de ADN (ácido desoxirribonucleico) de casi dos millones de muestras arroja más de 425 resultados por mes, más del doble que la cifra promedio mensual de 183 resultados en 2008. En los últimos cinco años se identificó a más de 10 mil sospechosos.

Este miércoles, sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumentará ante un tribunal federal de apelaciones de San Francisco que las medidas de recolección del ADN se han vuelto inconstitucionalmente agresivas en California y que el aumento de casos en los que se logra identificar a un sospechoso se da a costa de las libertades civiles.

ACLU exige al Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito anular la Proposición 69 de California, la cual autoriza a la policía para que obtenga muestras genéticas de todos aquellos que hayan sido arrestados por cometer un delito mayor, no solamente de quienes sean declarados culpables. Otros 25 estados han promulgado leyes similares desde que el 62% del electorado de California aprobó la medida en 2004.

Tomar una muestra de la piel de la mejilla con un hisopo de toda persona arrestada por cometer un delito mayor pero sin contar con una orden judicial ha desencadenado uno de los debates más difíciles de las últimas décadas respecto al “registro e incautación” en tribunales estatales y federales.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya dio indicios de su disposición para reexaminar la ley de Maryland sovre la recolección del ADN luego de que una corte federal de apelaciones en dicho estado dictaminara en abril que la ley es inconstitucional. El Tribunal Supremo de California aceptó que un tribunal inferior reexamine la invalidación de la ley de este estado. Varios tribunales estatales y federales ya han emitido un dictamen o están sopesando el tema en todo el país.

Si bien los tribunales están estudiando esta cuestión, los organismos del orden público de California continúan recolectando más de 11 mil muestras al mes.

“El ADN es una parte integral para someter a los delincuentes a la justicia”, señaló George Gascón, procurador del distrito de San Francisco, cuya oficina está procesando a William Payne por el asesinato de Nikolaus Crumbley ocurrido en 1983. El cuerpo de Crumbley fue encontrado en el Parque McLaren de San Francisco junto con pruebas de ADN que, según un examen realizado este año, coincidieron con las muestras de ADN de Payne.

El acusado niega haber matado a Crumbley y alega que su ADN se encontró en el lugar de los hechos porque los dos habían mantenido relaciones sexuales con consentimiento. El resultado se obtuvo cuando Payne fue procesado posteriormente por un caso de agresión no relacionado con el primero, por el cual se le extrajo una muestra de ADN.

“Casi tres décadas más tarde procesamos a la persona responsable por este asesinato tan horroroso”, afirmó Gascón.

El Tribunal del Noveno Circuito ratificó previamente la ley de California que entró en vigor en 2009. No obstante, para darle aún más realce a la importancia de este debate la mayoría de los 24 jueces del tribunal votó a favor de que se reconsidere el dictamen del panel, compuesto por tres jueces. El asunto ahora se presentará ante un tribunal especial en banc, formado por 11 jueces.

El juez Milan Smith Jr., al redactar la conclusión que dicho panel alcanzó, definió la ampliación de las medidas para la recolección del ADN como la respuesta del siglo XXI a las huellas dactilares.

California recolecta muestras del ADN de delincuentes procesados desde 1998 como una forma de ayudar a resolver los delitos. Además de hacerlo así con los casos cerrados, la tecnología también hizo posible la exoneración de al menos 200 personas en todo el país que habían sido procesadas erróneamente.

Pero la propuesta de California para ampliar la recolección del ADN a aquellas personas arrestadas por delitos graves representa una distinción importante para ACLU y los defensores privados. El grupo sostiene que la muestra del ADN que se toma de la persona bajo arresto se toma demasiado pronto en el proceso de justicia penal, ya que no todos los arrestos que se realizan terminan siendo procesados, y todos los estadounidenses son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, los críticos no están recusando el derecho del estado de recolectar muestras del ADN de personas procesadas por delitos mayores.

“Tomar muestras de aquellos que fueron procesados y encontrados culpable contribuye con los intereses legítimos del estado para obtener pruebas de delincuentes y evita las amenazas a la privacidad generadas al tomar muestras de todas las personas arrestadas, incluyendo aquellas que son inocentes”, argumentó Michael Risher, de ACLU, ante el tribunal.

ACLU representa en una demanda a tres californianos que dicen encontrarse entre las 50 mil personas arrestadas por delitos mayores todos los años en California pero que nunca fueron procesados por dichos delitos. Afirman que la muestra del ADN que les fue tomada durante su arresto y encarcelación -lo que se hace generalmente al ficharlos- representa una invasión a su privacidad.

A Lily Haskell, una de las demandantes, se le extrajo una muestra de ADN de la mejilla al ser arrestada en una manifestación contra la guerra, misma que fue realizada en San Francisco hace tres años y por la que fue acusada de un delito mayor. Los cargos relacionados con la manifestación le fueron retirados rápidamente.

“Ahora mi información genética quedará guardada de forma indefinida en la base de datos del Gobierno solo por haber ejercido mi derecho a la libre expresión”, señaló Haskell.