Leyes retan al voto hispano

Obstaculizan el acceso de hasta 10 millones de potenciales votantes latinos

Un análisis independiente de las leyes estatales supuestamente destinadas a aumentar la seguridad del proceso de votación en Estados Unidos revela que más bien tienden a dificultar el acceso a las urnas de votantes de minorías y en particular latinos naturalizados.

El nuevo reporte, llevado a cabo por la organización The Advancement Project concluye que hasta 10 millones de potenciales votantes latinos viven en estados en los que se han aprobado diversas medidas para “proteger” el voto y considera que al contrario de preservar ese derecho podrían terminar privando de él a muchos ciudadanos. “Esta ola de leyes en 23 estados comenzó a finales del año pasado y desde entonces hemos analizado su aplicación y potential efecto”, dijo Kathy Culligan González, investigadora de The Advancement Project. “El efecto es definitivamente desproporcionado y recae principalmente en afroamericanos, latinos, inmigrantes naturalizados y personas de bajos recursos”.

En 23 estados de la unión se han aprobado leyes que exigen determinados documentos que antes no se pedían a un ciudadano para registrarse a votar o incluso para depositar su voto. En más de una docena de estados se iniciaron purgas de las listas electorales con el objetivo de limpiarlas de “potenciales fraudes”.

Esto último pasó por ejemplo en Florida, donde el pasado mes de abril el gobierno estatal decidió iniciar una “limpieza” de las listas de votantes y envió cartas a 2,600 votantes registrados exigiendo que probaran su ciudadanía en 30 días o perderían su capacidad de votar. Más del 80% de los que estaban en la lista de purga, según el reporte de Advancement Project, eran latinos o afroamericanos.

“He visto las listas de Florida y conozco cómo funcionan las de Colorado. Lo que hacen es tomar los récords de licencias de conducir y compararlos con los del registro de votantes y donde decía inmigrante o extranjero en la primera, señalaron como posible no ciudadano”, dijo González.

Como antes de ser ciudadano generalmente se es residente legal por algunos años, muchas de las personas “sospechosas” de estar en las listas de votantes sin ser ciudadanos de hecho lo son, porque se naturalizaron años después de sacarse su licencia de conducir. “Miles de personas recibieron cartas diciendo que tenían 30 días para probar su elegibilidad o serían excluidos de la lista y acusados de una felonía”, dijo la analista. “Eso incluso llegó a los oídos de personas que estaban esperando nacionalizarse que temían que si se registraban los perseguirían las autoridades”.

En el condado de Miami Dade, donde vive la mayoría de los votantes listados, hasta ahora el 98% de los votantes que respondieron a la carta probaron su elegibilidad”, señala el reporte añadiendo que la purga del estado solo se ha calmado debido a las protestas públicas, acciones legales de parte de varias organizaciones y las críticas de la opinión pública.

Tras una demanda el estado de Florida aceptó reintegrar a las personas a las listas de votantes y mandar otra carta informándoles que son elegibles.

Hay que recordar que las purgas de listas de votantes fueron un asunto destacado en el año 2000 y en 2004, cuando una supuesta purga de “delincuentes” terminó eliminando de las listas a miles de ciudadanos elegibles sin récord criminal. El margen de triunfo de George W. Bush en Florida en el 2000, hay que recordar, fue de 537 votos y fue el estado que le dio el triunfo al republicano ese año.

Desde hace meses se están implementando tres tipos de medidas en estados claves, según el reporte: las purgas de listas, aplicadas en 16 estados, las pruebas documentales de ciudadanía para la registración, incorporadas en un puñado de estados y presentadas en otros diez y las leyes de “foto I.D.” que requieren mostrar una identificación oficial con fotografía en 9 estados a la hora de votar.

La idea de que Estados Unidos tiene un problema de fraude de votantes es la que ha impulsado muchas de estas medidas, pero varios estudios, incluyendo algunos recientes, han revelado que el problema es minúsculo o inexistente.

“El fraude de votación en persona, en el que una persona se presenta a votar sin ser elegible y que estas leyes supuestamente dicen combatir prácticamente es desconocido en este país. Por ejemplo, en Pennsylvania (estado que aprobó una ley de foto I.D), hay un total de cero casos”, reza el estudio.

Además, un reporte investigativo de Carnegie-Knight que analizó todos los casos de fraude de votantes en el país desde el año 2000 encontró sólo 10 de estos casos. La conclusión del estudio fue que “la tasa de fraude es infinitesimal y el fraude de voto en persona, que supuestamente impulsó a 37 legislaturas a aprobar o considerar estas medidas, virtualmente no existe”.

Las leyes que obligan a presentar documentación para registrarse o foto identificación para votar tienden a afectar desproporcionadamente a minorías porque a menudo estas carecen de determinados tipos de documentos, como licencias de manejar –muchos no tienen carro- y elimina el tipo de documentación que muchos sí tienen como tarjetas de veteranos, identificación de estudiante y tarjetas de seguro social.

“Se estima que el 16% de latinos ciudadanos no tiene una identificación con foto comparado a sólo 6% de blancos”, dice el reporte. Un estudio en Texas reveló que los votantes latinos tienen entre 46 y 120% más tendencia a no tener licencia que los votantes no latinos.

Hay estados donde en zonas minoritarias y remotas no hay oficianas de otorgamiento de identificación, como es el caso de Texas, donde hay pueblos que están a 100 millas de la oficina estatal más cercana donde se obtienen estos documentos.

“Para la clase trabajadora que vive alejada de centros urbanos, las personas mayores que ya no manejan, los jóvenes que tienen apenas un carnet estudiantil, es más complicado tener el tiempo y o el dinero para sacar determinados documentos”, dijo González.

Un caso especial son los puertorriqueños que vinieron de la isla a vivir al territorio estadounidense ya que en el 2010 los antiguos certificados de nacimiento fueron invalidados y cada puertorriqueño debía sacar uno nuevo.

“Sólo en Pennsylvania hay 120,000 puertorriqueños nacidos en la isla”, apunta González. “En Florida los puertorriqueños ahora son una fuerza importante del voto, sobre todo en el área central”.

Varias organizaciones, entre ellas The Advancemente Project y otras han llevado a muchos de estos estados a los tribunales en desafío a lo que consideran es un intento para dificultar el voto de ciertos grupos sociales. En muchos casos, los casos se están ganando y los estados han tenido que retroceder.

“Queremos que la gente se informe bien y no tenga miedo de registrarse y votar. Si este es un intento de quitarle voz a cierta población por temor al cambio demográfico el mensaje es que no nos vamos a dejar”, dijo Gonzalez.