Justicia puesta a prueba

MÉXICO, D.F.- La captura de algunos líderes de la banda de secuestradores que acosa a familiares de emigrantes en la región mixteca del estado de Puebla ha puesto entre la espada y la pared al sistema de justicia mexicano: si no logra sentenciar a los presuntos delincuentes, los verdugos podrían salir libres en cualquier momento.

Después de la detención en julio pasado seis hombres quedaron en manos de la Procuraduría estatal, pero la labor de investigación de esta ha dejado con un mal sabor de boca a mexicanos residentes de California que regresaron a su país para participar en las investigaciones policíacas porque los plagiarios pedían que los rescates fueran pagados desde Estados Unidos.

“Los policías (ministeriales) no van a investigar a la comunidad. Solo quieren que las víctimas vayan hasta donde ellos, pero la mayoría tiene miedo”, dijo Roberto Bravo, presidente del Consejo Binacional de Organizaciones Comunitarias (CBO) y consejero del Instituto de Mexicanos en el Exterior.

Bravo viaja intermitentemente desde Los Ángeles hasta la región del conflicto -ubicada a unos 300 kilómetros al sureste de la capital mexicana-, que últimamente se complicó.

Los denunciantes dicen que tienen indicios de que el presidente municipal de uno de los municipios afectados ha encubierto por años las operaciones delictivas. Hernán Cortés Vélez, el alcalde de Coatzingo, no respondió a los cuestionamientos sobre las acusaciones.

“Háganle como quieran”, dijo a algunos de sus gobernados cuando solicitaron su apoyo para la seguridad y persecución de los delincuentes; meses después se supo que uno de los procesados es su sobrino político.

CBO solicitó por escrito la intervención del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como de la procuradora de Justicia, Maricela Morales, y del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aunque el caso actualmente está en manos de Víctor Antonio Carrancá, procurador poblano.

Desde el 12 de septiembre las autoridades federales y estatales mexicanas tienen en sus manos una lista con los nombres y apellidos de integrantes de la banda de plagiarios señalados por las víctimas, que han tenido que pagar hasta 100 mil dólares por su liberación.

En el documento se incluyó la firma de 700 personas que acusan a Cortés Vélez de “complicidad con bandas delictivas en la región y abuso de autoridad”.

Baltazar N, uno de los activistas que apoya la persecución policíaca desde Los Ángeles y quien pidió el anonimato para sus declaraciones a este diario, reveló en entrevista telefónica que el escándalo en Coatzingo va más allá de un problema de seguridad.

“Los delincuentes tienen familiares aquí, en California, porque los secuestros los están haciendo gente del mismo pueblo”, detalló. “Aún así no vamos a solaparlos: si tienen que pagar con cárcel, es porque se lo merecen”.

El entrevistado es un manojo “tristeza y vergüenza”, según describió: uno de sus primos resultó estar entre el grupo de presuntos secuestradores capturado en julio pasado, quizá hasta participó en el secuestro de otro familiar en 2008 por cuyo rescate los parientes tuvieron que dar alrededor de 42 mil dólares.

Con estos lazos de sangre, el secuestro de familiares de inmigrantes es ya un lío transfronterizo. Bravo fue amenazado de muerte “por teléfono” y por “familiares de implicados” en los secuestros que ya fueron capturados y otros más a quienes les pisan los talones.

“La próxima reunión de la CBO para tocar el tema la vamos a tener que hacer en la policía de los Ángeles, que ofreció protección”.

Mientras tanto, se encuentran en alerta, por si el resto de la banda que aún se encuentra prófugo intenta emigrar a Tijuana o Los Ángeles, donde tienen parentela.