Redada electrónica y boicot contra Mi Pueblo

Revela la cadena de supermercados razón por la que se enroló a E-Verify

Tienda Mi Pueblo en Oakland.
Tienda Mi Pueblo en Oakland.
Foto: Francisco Barraradas / El Mensajero

OAKLAND.— Con una redada electrónica en curso y un boicot en su contra, la cadena de supermercados Mi Pueblo ha pedido ayuda al cielo para salir de aprietos, no a Dios directamente, sino a uno de sus representantes, el obispo católico de San José; pero éste tampoco ha respondido.

A los clientes regulares de Mi Pueblo el asunto del boicot no les incomoda; de hecho, parecen no estar enterados.

Frente a la sucursal de Oakland, tres compradores entrevistados el 16 de octubre, dos hombres y una mujer latinos —reacios los tres a proporcionar su nombre—, afirmaron que no han escuchado sobre el llamado a no consumir en Mi Pueblo.

El boicot, convocado por UFCW, un sindicato que agrupa a trabajadores de supermercados y otras tiendas de servicios, incluidos expendios legales de marihuana, inició el 8 de octubre.

La batalla es añeja. La compañía sostiene que UCFW intenta sindicalizar a sus trabajadores. El pleito se recudreció al enrolarse Mi Pueblo a E-Verify a mediados de agosto. Con E-Verify, la compañía podrá indagar si los solicitantes de empleo en cualquiera de sus 21 sucursales tienen permiso legal para trabajar en los Estados Unidos.

Tres días antes del inicio formal del boicot, Mi Pueblo explicó el porqué de su afiliación a E-Verify: La policía migratoria (ICE) ha sometido a la compañía a una redada electrónica.

La redada electrónica o redada silenciosa —nombres comunes para las revisiones de nómina del ICE, que en lenguaje oficial se abrevian como auditorías I-9— inició en agosto, según reportó la abogada Julie A. Pace, en conferencia de prensa convocada por Mi Pueblo el 5 de octubre.

La nómina de Mi Pueblo es de 3,200 empleados. La inmensa mayoría son latinos, según información de la empresa. Bajo la auditoría del ICE, cada uno de esos empleados tendrá que probar que tiene papeles legales para trabajar.

“Una auditoría I-9 puede ser un proceso largo, de 9 meses a dos años; nada pasará de repente”, se refiere en un comunicado de prensa emitido por Mi Pueblo.

“Este es un momento difícil para Mi Pueblo, mientras tratamos de entender el proceso de la auditoría I-9 y qué significará para el bienestar de 3,200 personas y sus familias”, dice el comunicado.

Al llamar al boicot, UFCW prometió que averiguaría con el Departamento de Seguridad Nacional si la versión de Mi Pueblo es verídica. No han emitido reporte al respecto.

El boicot es indefinido, ha dicho UFCW, mientras “Mi Pueblo no respete los derechos de sus trabajadores y los miembros de las comunidades en las que opera y hasta que renuncie a su decisión de participar en E-Verify”.

UFCW ha coordinado movilizaciones civiles contra Mi Pueblo. Para el 20 de octubre convocaron a una en la sucursal de Oakland.

Un día después de iniciado el boicot, el 9 de octubre, Perla Rodríguez, vicepresidenta de asuntos públicos de Mi Pueblo, envió una carta al obispo católico de San José, Patrick J. McGrath, a quien llama “aliado político” del UFCW.

En la carta, Rodríguez reprocha que el sindicato haya declarado al periódico Los Angeles Times que un 80% de los trabajadores de Mi Pueblo podrían ser indocumentados.

Acusa Rodríguez que testimonios como ese son los que suelen animar las redadas electrónicas, que “desestabilizan a la comunidad latina”.

Y concluye:

“Nuestra petición es simple: Por favor hable con sus aliados políticos y recuérdeles que construir una comunidad y ser responsables con lo que se dice es mucho más importante que un contrato sindical”.

Hasta finalizar este reporte, McGrath no había respondido.