John Noguez aún debe seguir tras las rejas

Al considerar que se trata de un caso de extrema pérdida de la confianza pública, la jueza Shelly Torrealba negó ayer una petición de la defensa de John Noguez para reducir el monto de la fianza, por lo cual el ex alcalde de Huntington Park y aún director de la Oficina de Catastro seguirá recluido en la carcel del condado para enfrentar las acusaciones de corrupción.

La Fiscalía de Distrito pidió una fianza de 1,385,000 dólares para Noguez, pero el abogado Michael Proctor, argumentando que su cliente no puede cubrir esa cantidad y que se trata de un ciudadano que no representa riesgo de huida, solicitó a la jueza reducir el monto a los 200 mil o 400 mil dólares cuando mucho.

Sin embargo, la fiscalía convenció a la jueza de que no se podía confiar en Noguez tras una supuesta serie de mentiras que le han descubierto, empezando por su nombre y sus preferencias sexuales.

El verdadero nombre de John Noguez es Juan Renaldo Rodríguez, de 49 años de edad, pero la defensa explicó que su cliente tomó el apellido Noguez de su abuela, Ana María Noguez Vega, y de su madre, María del Carmen Anaya Noguez.

A decir de la fiscal Susan Schwartz, Noguez declaró estar casado con Liliana Guerrero desde 2001, pero que en ocasiones la presenta como su prima y que en realidad el acusado ha mantenido un relación sentimental por más de seis años con Robert M.

Junto con Ramin Salari, quien contribuía económicamente a su campaña política, y Mark McNeil, otro empleado de la Oficina de Catastro (Assesor‘s Office), Noguez es acusado de aceptar sobornos para reducir el valor de múltiples propiedades y así beneficiar a los dueños a pagar menos impuestos.

“Es una verdadera amenaza para la comunidad”, arremetió la fiscal Schwartz. Las acciones de Noguez —consideró la fiscal— son un insulto a su juramento como director de la Oficina de Catastro, cargo al que no ha renunciado y por el cual sigue cobrando un cheque. El sueldo anual de Noguez es de 197 mil dólares.

Schwartz también mencionó que Noguez tienen fuertes vínculos con México y que hay indicios de que desde allá pudieran ayudarle a pagar la fianza.

“No hay garantías. Si se le reduce la fianza sería un mensaje equívoco para los contribuyentes de que se le está dando un trato especial. Debe ser tratado como cuaqluier otro criminal”, recalcó la fiscal.

La jueza Torrealba explicó que su decisión se basó en el abuso de confianza que un funcionario público estaría cometiendo y por ello fijó en 1,160,000 dólares la fianza tanto para Salari como para Noguez.

El abogado Proctor dijo que su cliente no puede cubrir esa cantidad y que requiere de cinco días para ver como van a proceder. Por su parte el abogado Salari hizo los arreglos para cubrir la fianza.

El otro acusado en este esquma de corrupción, Mark McNeil, cubrió la semana pasada una fianza similar. A los tres se les programó una audiencia preliminar para el 7 de noviembre.

En la audiencia de ayer Noguez se mostró tranquilo y por momentos intercambiaba sonrisas con Salari.