Boicot por usar E-Verify

Sindicato acusa a Mi Pueblo de colaborar con autoridades de ICE
Boicot  por usar E-Verify
Víctor Cristobal habla durante una protesta contra Mi Pueblo, por la decisión de esa empresa de utilizar el programa E-Verify.
Foto: AP

FRESNO, California.- Dos décadas atrás, Mi Pueblo Food Center comenzó modestamente como una pequeña carnicería a cargo de un inmigrante indocumentado. Ahora, el supermercado que abastece a la comunidad latina se ha convertido en una popular cadena con 21 tiendas distribuidas a lo largo del estado de California.

Pero con el crecimiento y el éxito ha venido también el escrutinio de las autoridades de inmigración y el enfrentamiento con un sindicato que busca representar a 3,200 trabajadores de esa empresa y que ha llamado a un boicot de los consumidores.

La situación se ha convertido en un espinoso problema para una empresa familiar como esta, cuya fuerza de trabajo está compuesta casi exclusivamente por inmigrantes latinos, lo mismo que sus clientes.

La compañía está bajo una fuerte presión debido a una verificación constante de las autoridades migratorias, pero también por su decisión de utilizar el controvertido programa federal de verificación de elegibilidad de los empleados para trabajar legalmente en Estados Unidos.

“Estamos sintiendo este problema de una manera muy especial, ya que esta empresa fue fundada por un inmigrante y dependen de nosotros muchos inmigrantes para sobrevivir”, dijo Perla Rodríguez, portavoz de la empresa que tiene sus oficinas centrales en San José.

Rodríguez aseguró que la compañía no ha contratado a sabiendas a ningún empleado indocumentado.

Sin embargo, para el Local 5 de la San José United Food and Commercial Workers , que ha estado organizando a los trabajadores de Mi Pueblo en todo el estado, la compañía decidió utilizar el programa E-Verify a mediados de agosto con un sólo objetivo: cooperar con el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE).

La administración Obama ha impulsado una fuerte política de auditorías en los centros de empleo como una alternativa a las redadas en las que agentes con armas y esposas persiguen a trabajadores para deportarlos.

Pero la estrategia de las llamadas “redadas silenciosas” – que han incrementado de 254 a 2,736 en los últimos cinco años, tiene consecuencias inesperadas para algunos patrones, ya que tienen que despedir a los trabajadores que carecen de permiso para trabajar en Estados Unidos, pero por otro lado, desatan el descontento de los sindicatos.

Los expertos dicen que las auditorías migratorias pueden causar un dilema particularmente difícil para las compañías que atienden a la comunidad migrante.

“Hay una gran ironía para las empresas que sirven a las comunidades de migrantes, debido a la posibilidad de que muchos de sus clientes sean indocumentados inmigrantes. Los pueden atender, pero se supone que no los pueden contratar”, dijo Aarti Kohli, un experto en temas migratorios de la Universidad de California en Berkeley.

En respuesta a la auditoría, Mi Pueblo se ha defendido con anuncios de radio y en juntas comunitarias y ha iniciado una campaña para promover una reforma migratoria.

Ejecutivos de Mi Pueblo aseguraron que fueron “forzados” a utilizar el programa E-Verify por funcionarios de migración después de que el gobierno empezó a realizar una auditoría en los registros de contratación de la empresa, para garantizar que Mi Pueblo no estaba contratando inmigrantes indocumentados.

ICE podría no confirmar la auditoría, debido a que la agencia solo da a conocer información si la investigación da como resultado multas o cargos criminales.

La portavoz de ICE, Virginia Kice, dijo que las auditorías son por lo general resultado de denuncias o quejas de diferentes fuentes y que los investigadores no obligan a ninguna compañía a utilizar el programa E-Verify, ya que es de carácter voluntario.

El viaje inicial de Juvenal Chávez, fundador y presidente ejecutivo de Mi Pueblo, puede reflejar fácilmente el mismo trayecto que han seguido muchos de sus clientes y empleados.

Profesor en el estado de Michoacán, Chávez llegó a Estados Unidos en 1984, a los 24 años. No tenía documentos y trabajó como conserje, camarero y lavando cristalería en los laboratorios de la Universidad de California en Stanford.

Tomó clases de educación para adultos para aprender Inglés, y de acuerdo a su compañía, logró regularizar su estatus migratorio.

Chávez ayudó a su hermano para iniciar un pequeño mercado mexicano en Redwood City. Para 1991 había ahorrado lo suficiente como para abrir su propia carnicería en San José.

En la siguiente década, Chávez abrió 10 tiendas más. En sus negocios la música ranchera se escucha por todos lados y las tiendas están decoradas con colores brillantes y los empleados bilingues usan pequeños gafetes con su nombre y su lugar de nacimiento.

Desde el 2009, Mi Pueblo ha duplicado la cantidad de tiendas y hoy tiene ganancias de más de 300 millones de dólares al año.

Chávez, de 52 años, quien vive en una casa en las afueras de San José, asegura que ayuda a sus trabajadores a conseguir su versión del sueño americano. Mi Pueblo tiene un programa interno de entrenamiento y programas de liderazgo para sus empleados y otorga miles de dólares al año en becas universitarias.

A través de un portavoz de la compañía, Chávez se negó a ser entrevistado, citando múltiples problemas legales que enfrenta.

Los organizadores sindicales han acusado a la empresa de pagar muy bajos salarios, no pagar horas extras y otras violaciones. En los últimos tres años, la UFCW y la International Brotherhood of Teamsters han obtenido dos victorias en las cortes en contra de Mi Pueblo por violar las leyes laborales. Ambos casos se encuentran en apelación.

El sindicato ha llamado a la gente a realizar un boicot en contra de Mi Pueblo hasta que deje de utilizar el programa E-Verify.

La unión también quiere que ICE detenga la auditoría.

Para defenderse, la empresa contrató a un abogado especialista en leyes laborales y activista en favor de los derechos de los inmigrantes.

Ejecutivos de Mi Pueblo se han reunido también con decenas de funcionarios municipales, líderes religiosos y grupos de defensa de los inmigrantes para promover la reforma migratoria.

“Los inmigrantes indocumentados que han demostrado su compromiso con este país y que han sido buenos ciudadanos, deben tener el derecho de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos”, dijo Julie Pace, una abogada d e Phoenix que que representa a Mi Pueblo.

Sin embargo, para el sindicato, que ha organizado a los trabajadores de la compañía, tales declaraciones no borran el hecho de que la compañía está utilizando el programa E-Verify y los efectos que esto podría tener.

“Mi pueblo es un traidor”, dijo Gerardo Domínguez, director de organización de la UFCW. “¿Cuando tienes clientes y trabajadores que son inmigrantes recientes de latinoamérica y México, el revisar el estatus migratorio de un potencial empleado, qué le estás diciendo a la comunidad? ¿Que no le puedes dar trabajo, pero en cambio si quieres su dinero?

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