Inmigración, un tema que divide al país

Primera de una serie de dos

En lo que se refiere al sistema migratorio de los Estados Unidos, los políticos republicanos y demócratas parecen estar de acuerdo en más de una cosa: el sistema legal actual es obsoleto, no sirve para estimular la economía del país, ha permitido la acumulación de 11 millones de indocumentados en el país, sin estatus legal y vulnerables a la explotación y las vías legales para inmigrar son costosas, complicadas y tardan demasiado.

“Nuestro sistema migratorio está roto”, apunta el candidato presidencial Mitt Romney en su sitio web de campaña bajo el rubro “inmigración”. Es una afirmación que la repiten a menudo políticos de ambos partidos.

“El presidente Obama reconoce que el sistema migratorio está roto”, casi las mismas palabras encabezan la sección sobre inmigración del sitio web del presidente Barack Obama.

Las coincidencias no terminan ahí.

Ambos partidos también han apoyado más medidas restrictivas y punitivas, que reformas positivas al sistema migratorio. Desde mediados de los años noventa, republicanos y demócratas se han alternado con planes para controlar las fronteras, criminalizar a los indocumentados y restringir el acceso a diversos servicios y beneficios a nivel estatal.

Por ejemplo, fueron Pete Wilson y los republicanos quienes patrocinaron la Proposición 187 en 1994 en California, pero fue el presidente Bill Clinton el que, al tiempo que se opuso a la 187, decidió reforzar el control fronterizo con Operación Guardián y firmar la Ley de Inmigración de 1996, cuyas repercusiones legales aún hoy pueden sentirse.

Cientos de miles de inmigrantes, incluyendo residentes legales que pudieron haber incurrido en alguna contravención en el pasado –por ejemplo, manejar bajo la influencia del alcohol- fueron arrestados y encarcelados de nuevo; y muchos de ellos deportados. Dicha ley creó nuevas barreras a la inmigración legal de personas indocumentadas, como la “exclusión de 3 y 10 años”. En vez de una reforma amplia de un sistema que no funcionaba, se pensó que endurecer la ley era la prioridad ante el influjo de indocumentados atraídos por una economía boyante.

Poco han cambiado las cosas desde entonces. Enforcement only ha sido la política estadounidense respecto a la reforma migratoria. Significa que con pocas variantes, los dos partidos creen que primero hay que controlar la frontera y expulsar a la mayor cantidad de indocumentados posibles antes de reformar las leyes y adaptarlas a las necesidades económicas futuras del país.

El 11 de septiembre de 2001 empeoraron las cosas poniendo en la misma frase las palabras “extranjeros” y terroristas. “El efecto fue profundo, tanto sobre la política migratoria como sobre los inmigrantes”, conceptuó Stephen Yale Loehr, profesor de la escuela de leyes de Cornell University. “Lo que pasa es que nuestro gobierno comenzó a usar las leyes de inmigración, y el sistema de visas, para combatir el terrorismo, en vez de usar un marco antiterrorista de la ley, y le dio a la nación un falso sentido de la seguridad”.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 transformaron el debate y la aplicación de las leyes de inmigración y la actitud del país hacia los inmigrantes, contribuyeron a hundir las oportunidades de cualquier reforma migratoria durante al menos una década, y crearon la imagen de un nuevo Estados Unidos menos abierto a los extranjeros.

Pero también hay diferencias entre los partidos y los candidatos.

Los demócratas en el Congreso han sido más proclives a votar por proyectos de ley como el DREAM Act y a planes de reforma migratoria que los republicanos, cuya línea dura en inmigración ha llegado al extremo de proponer la criminalización aún mayor de los indocumentados y apoyar medidas basadas en el concepto de “autodeportación”, la maquiavélica idea de que si los indocumentados son perseguidos por las autoridades a todo nivel, no pueden trabajar y se sienten amenazados, terminarán por irse ellos solos.

El Presidente Obama ha implementado varios cambios en reglamentos que facilitan la permanencia temporal de ciertos inmigrantes, como los jóvenes indocumentados y los indocumentados con lazos en el país y que no han cometido delitos. Esos programas se han implementado recientemente y su efecto a largo plazo continúa siendo limitado.

Entretanto, en estados y ciudades donde el cambio demográfico y la economía han generado descontento en la colectividad, los republicanos son los que han tomado la delantera proponiendo leyes restrictivas basadas en el concepto de la “autodeportación”, desde las ordenanzas para prohibir que se alquilaran viviendas a indocumentados, propuestas en lugares tan diferentes como Escondido, California y Hazleton, Pennsylvania. Virtualmente todas esas leyes estatales y locales han sido propuestas e impulsadas por funcionarios republicanos.

El 23 de abril de 2010 la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, una republicana en plena campaña de reelección, con pocos logros en su haber, firmó una ley estatal, la SB 1070 es un desafío abierto a los años de precedentes legales que limitan la participación de estados y localidades en la aplicación de ley migratoria.

La cláusula más controversial de la ley no solo permite sino que requiere que los policías locales –aún no siendo agentes de inmigración- averigüen el estado legal de una persona durante cualquier tipo de contacto con la misma. Esta cláusula sobrevivió la revisión de la Corte Suprema. Otros estados que como Arizona aprobaron leyes similares incluyen Georgia, Alabama y Carolina del Norte.

Entretanto, la inmigración indocumentada llegó en 2012 a los niveles más bajos en 40 años debido, según los expertos, a la deprimida economía en el norte pero también al endurecimiento de las leyes en los Estados Unidos. Más de 11 millones de indocumentados, la mayoría, según Pew Hispanic Center, con más de 15 años en este país, continúan sin papeles y sin esperanzas de una reforma.

El presidente Obama ha dicho en numerosas ocasiones que apoya una reforma migratoria amplia, el DREAM Act y la legalización de inmigrantes. Sin embargo, bajo el gobierno de Barack Obama, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se convirtió en una maquinaria mucho más eficiente de deportaciones, (casi 1.5 millones de personas en tres años y medio) que lo que jamás fue bajo el gobierno de Bush y, a diferencia de este, el Presidente Obama nunca presentó o respaldó un proyecto concreto de reforma migratoria en el Congreso del país, como hizo Bush en 2006-2007.

Obama, sin embargo, sí invitó a líderes del Congreso a presentar su propio plan y responsabilizó a los republicanos de no venir a la mesa con los demócratas a diseñar una reforma. “Desde muy al principio de mi gobierno yo invité a la Casa Blanca a líderes congresionales de ambos partidos que previamente apoyaron una reforma migratoria y les dije, hay que hacer esto”, dijo Obama en septiembre al ser cuestionado durante un foro televisado por Univisión. “Lo que no esperaba es que los republicanos que antes apoyaron la reforma simplemente dejaron de hacerlo”.

La Casa Blanca fue muy criticada durante casi todo el primer período de gobierno de Obama por grupos proinmigrantes por su severa aplicación del programa Comunidades Seguras que resultó en la deportación y separación de familias más que en la expulsión de delincuentes que supuestamente era su objetivo. No fue hasta mediados del año pasado que ICE anunció nuevos reglamentos para priorizar la deportación de criminales en el programa Comunidades Seguras, directiva que ha sido aplicada en forma desigual.

Por “denuncias” de los republicanos en el Congreso, entre ellos el presidente del comité de inmigración en la Cámara de Representantes, Lamar Smith, se supo que funcionarios de la administración Obama proponían cambiar reglamentos para permitir la legalización de mayor número de indocumentados usando las leyes vigentes, planes que nunca se implementaron porque los republicanos acusaron al presidente de planear “amnistías por la puerta de atrás” y de “traicionar” al país.

Intensas campañas de los ‘dreamers’ (jóvenes indocumentados) ante los procesos de deportación contra muchos de ellos a lo largo de estos últimos años lograron que el gobierno federal suspendiera la expulsión de muchos de ellos hasta que este año se implementaron reglamentos que esencialmente suspendieron indefinidamente las deportaciones de indocumentados “sin delitos y con lazos en la comunidad”.

En marzo de este año, la Casa Blanca también anunció el cambio en los perdones migratorios o waivers, por medio de los cuales una persona indocumentada con un patrocinador puede volver al país sin la prohibición de 3 o 10 años. En junio 15 el gobierno del presidente Obama anunció su plan de acción diferida para permitir a los jóvenes indocumentados que llegaron aquí antes de los 16 años, vivir legalmente.

El Departamento de Justicia de Obama también demandó a los estados como Arizona por aprobar leyes de inmigración.

El Presidente Obama asegura que continúa apoyando una reforma migratoria integral y que la llevará a cabo en su segundo período si los republicanos participan en una negociación bipartidaria.