Poco pueden hacer por reparar el daño

Dos grupos conservadores están detrás de los $11 millones en fondos de campaña

Poco pueden hacer por reparar el daño
El gobernador de California, Jerry Brown, participaba ayer en un acto de campaña a favor de la Proposición 30 en el centro de Los Ángeles. La medida contempla un aumento de 25 centavos a las ventas y los impuestos de quienes ganan arriba de 250,000 dólares al año.
Foto: AP

SACRAMENTO.— La Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC) reveló la forma en la que varios grupos triangularon y lavaron dinero a través de una donación de 11 millones de dólares para atacar la Proposición 30, que aumenta impuestos, y echar abajo la proposición 32, que prohíbe que los sindicatos utilicen las cuotas sindicales para campañas políticas.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, ya es muy poco lo que se puede hacer para reparar el daño hecho e influir en la decisión que harán hoy los votantes de California en torno a estas dos medidas.

“El apoyo a favor de la Proposición 30 y en contra de la Proposición 32 probablemente será mínimo en la elección de hoy porque muchos ya han votado. Pero en un futuro, si la Corte Suprema de la Nación decide no tomar el caso o fallar en contra, será algo muy bueno para todo el país”, dijo Jaime Regalado, director retirado del Centro de Estudios de Políticas Públicas Pat Brown de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles.

“En el futuro habría una mayor transparencia para saber quienes son los donantes a los comités de campaña, lo que se ha mantenido hasta hoy como un gran secreto”, indicó el experto en temas políticos.

Apenas el domingo pasado la Corte Suprema de California emitió un fallo que ordenaba a una corporación de Arizona que donó los 11 millones de dólares someterse a una auditoría para revelar quiénes estaban detrás de la donación.

La Comisión de Prácticas Políticas de California dio a conocer ayer que a través de una carta la corporación no lucrativa de Arizona, Americans for Responsible Leadership (Americanos por un Liderazgo Responsable), que dio el dinero a un comité de campaña de California, declaró ser el intermediario y no la verdadera fuente de la contribución.

Se identificó como la verdadera fuente a Americans for Job Security (Americanos por una Seguridad Laboral) —un grupo nacional conservador pronegocios de Virginia— a través de un segundo intermediario, The Center for Protect Patient Rights (el Centro para Proteger los Derechos de los Pacientes) —otro grupo conservador que apoya a candidatos republicanos—.

De acuerdo con FPPC, bajo las leyes de California el no revelar las fuentes de las contribuciones se considera lavado de dinero en una campaña. “Estos grupos pueden ser multados hasta por los mismos 11 millones de dólares que dieron en contribuciones porque lo que hicieron es criminal y contra la ley, pero será la procuradora general la que lo determine”, dijo Ann Ravel, presidenta de FPPC.

A finales de octubre pasado el gobernador Jerry Brown acusó al Comité de Acción Política de Pequeños Negocios (PAC) —que se opone a la Proposición 30— de lavado de dinero luego de la donación de 11 millones de dólares.