Reinician campaña para que empresas no contraten a indocumentados

Un grupo de legisladores republicanos de Utah busca presentar un proyecto en 2013 para abolir la ley que permitiría la contratación de trabajadores temporales extranjeros

La ley HB116 estableció un procedimiento para que las empresas puedan contratar a ciertos indocumentados que estuvieron viviendo en Utah antes del 11 de mayo de 2011.

La ley HB116 estableció un procedimiento para que las empresas puedan contratar a ciertos indocumentados que estuvieron viviendo en Utah antes del 11 de mayo de 2011. Crédito: Archivo / Impremedia

Denver – Un grupo de legisladores republicanos de Utah busca presentar un proyecto de ley en 2013 que lleve a la abolición de la ley que permitiría a partir de mediados del año próximo la contratación de trabajadores temporales extranjeros.

La ley HB116 fue aprobada por el Legislativo de Utah en 2011 y firmada por el gobernador Gary Herbert el 15 de marzo de ese año.

Esa ley estableció un procedimiento para que las empresas puedan contratar a ciertos indocumentados que estuvieron viviendo en Utah antes del 11 de mayo de 2011, otorgándoles un permiso temporal como “trabajadores huéspedes”.

La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2013. Pero, según los senadores estatales Curtis Bramble (Provo) y Steve Urquhart St. George), el costo de implementación de esa medida y posibles conflictos con las leyes federales vigentes hacen que tenga sentido pensar en abolir HB116.

“Si no abolimos la fecha de inicio de la ley, nos veremos obligados a implementar el programa completo”, dijo a los medios locales el senador Bramble, en referencia al hecho que HB116 también exige el cumplimiento de leyes federales de inmigración en lugares de trabajo y la verificación de la situación migratoria de potenciales empleados antes de contratarlos.

Además, establece que los indocumentados que podrían beneficiarse con esta iniciativa paguen una multa de hasta 3,500 dólares para recibir el correspondiente permiso de trabajo, y pide que se establezca un acuerdo con el estado mexicano de Nuevo León para agilizar la contratación de trabajadores de ese estado.

Pero, dijo Bramble, “le costará al estado mucho dinero implementar (HB116) y cualquier empleador que haga contrataciones con el permiso emitido por el estado podría ser sujeto a recibir una demanda por parte del gobierno federal”.

El tema se tratará en la reunión de legisladores estatales republicanos de Utah del próximo 18 de diciembre, cuando solamente se hablará de inmigración, indicó la representante estatal Becky Lockhart, republicana de Provo y presidente de la cámara baja en la legislatura local.

Ya en abril de 2011 la Convención Estatal del Partido de Republicano de Utah había aprobado una resolución en la que pedía que los legisladores de ese partido trabajasen para abolir HB116, por considerarla contraria a la plataforma partidista. A pesar del amplio respaldo a esa resolución, la ley no fue abolida en la sesión de este año.

Por su parte, la educadora y trabajadora social Karen Findlay inició por cuenta propia una encuesta entre cientos de indocumentados hispanos para determinar si la comunidad latina y otras minorías confían o no en la HB116.

Según Findlay, los resultados preliminares de su sondeo indican que muchos inmigrantes no conocen esta ley.

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