Piden cierre de cárceles para los migrantes

Una coalición nacional de grupos pro derechos humanos y religiosos exigió ayer que el gobierno federal cierre o cese los contratos a 10 centros de detención o cárceles que se utilizan para encerrar a personas que están en procesos migratorios o de deportación.

Una nueva investigación a fondo de estos centros reveló, según los activistas, que el patrón de violaciones a derechos humanos que allí se reporta continúa aún después que la Casa Blanca anunció haber implementado diversas medidas para cambiar esa situación desde 2009.

“Lo que hemos visto es que una cosa es lo que mande el gobierno federal y otra que realmente se traduzca en cambio real en la vida de los detenidos por inmigración”, dijo Azadeh Shahshahani, presidente del Colegio Nacional de Abogados y directora del Proyecto de Seguridad Nacional e inmigrantes de la ACLU de Georgia.

Los grupos anunciaron la campaña “Exponer y cerrar” (Expose and Close) que se enfoca en diez de los que consideran los peores centros de detención que la Oficina de Control de Inmigración ICE y el Departamento de Seguridad Nacional utilizan para encerrar a los procesados por inmigración. Estos son apenas una fracción de los 250 cárceles públicas y privadas que se utilizan para detener anualmente a más de 400,000 personas en Estados Unidos en lo que en realidad es un proceso civil y no criminal.

Según la coalición, estos diez son ejemplos de las peores prácticas y abusos entre los que mencionaron uso excesivo y arbitrario de castigos extremos como las celdas de aislamiento para infracciones menores, falta de atención médica básica y de medicación hasta en casos extremos, malas condiciones de vida, comida, lejanía de los centros de detención y limitaciones arbitrarias en horarios de visita, llamadas telefónicas excesivamente caras (obligando a presos a comprar tarjetas de 22 dólares que sólo duran unos pocos minutos), condiciones de hacinamiento, maltratos verbales e insultos, entre otros.

Los reportes presentados por las organizaciones están basados en entrevistas con cientos de detenidos realizadas en los diferentes centros que se mencionan. Pedro Guzmán, quien estuvo detenido en uno de estos centros, el Stewart Detention Center en Georgia durante 18 meses explicó las condiciones de las que fue testigo allí durante ese tiempo.

“Nos trataron como animales, teníamos un espacio para 64 personas, con poca privacidad, la comida era horrible, no teníamos actividades recreativas, y los oficiales nos gritaban y faltaban el respeto constantemente”, dijo Guzmán en un perfecto inglés. “Tampoco había suficiente personal médico para atender las necesidades de los detenidos”.

Los diez centros en que se enfocaron los reportes de los activistas son los siguientes: Etowah County Detention Center (Alabama), Pinal County Jail (Arizona), Houston Processing Center (Georgia), Polk County Jail (Texas), Stewart Detention Center (Georgia), Irwin county Detention Center (Georgia), Hudson County Jail (New Jersey), Theo Lacy Jail (CA), Tri-county Jail (Illinois) y Baker county Jail (Florida).

Según los activistas, este es un problema que ha adquirido niveles de crisis a lo largo de los años, en particular después que las leyes de inmigración cambiaron a mediados de los noventa y ordenaron la detención mandatoria de muchas categorías de procesados, incluyendo solicitantes de asilo, entre otros. Andrea Black, de la Red de Monitoreo de Detención (DEtention Watch Network), dijo que el Congreso necesita eliminar estas leyes que hacen mandatoria la detención, pero que hay cosas que el gobierno federal puede hacer por su cuenta para mejorar la situación, entre ellas utilizar alternativas a la detención que costarían mucho menos a los contribuyentes.

Por su parte el congresista de Colorado Jared Polis dijo que el gobierno no necesita esperar a que se apruebe una reforma migratoria para remediar “los problemas que vemos en estos centros de detención”.

“Yo no creo que valga la pena seguir pidiéndole a los contribuyentes de Estados Unidos que apoyen este desperdicio de recursos públicos”, dijo Polis.

Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional mantiene que ha tomado una serie de medidas para mejorar el monitoreo de estos centros así como los estándares de detención. En la página web del DHS hay varias hojas informativas que listan los “logros de la reforma de detención”. Se citan por lo menos 20 directivas, normativas y herramientas que se han puesto en vigor, según la agencia, para mejorar la situación.

Por ejemplo, comenzando en agosto de 2009, DHS creó la oficina de “política de detención y planeamiento” así como la “oficina de control de detención” que reporta directamente al director de ICE para dar “atención especial al cuidado de los detenidos”. También redujeron de 341 a 250 la cantidad de “centros de detención autorizados”, entre otras medidas. Listan unas 20 diferentes medidas entre 2009 y 2012.

Los activistas señalan, sin embargo, que las directivas de ICE y DHS han tenido poco impacto en la práctica de estos centros.

En los últimos 15 años la cantidad de migrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración aumentó de 70,000 al año a las actuales más de 400,000. El costo es de 1,700 millones de dólares anuales. El costo humano es aún mayor, señaló la Obispo Minerva Carcaño, de la Iglesia Metodista Unida de Los Angeles.

“No hace mucho conocí a un inmigrante que lo pararon por una infracción de tráfico y lo detuvieron por un largo período. Lo llevaron a un centro tan lejos de su familia que ellos ni sabían lo que había ocurrido con él”, dijo Carcaño.