Demócratas exigen reforma “con vía hacia la ciudadanía”

Washington.- Líderes demócratas del Senado afirmaron hoy que no aceptarán otra cosa que no sea una reforma migratoria integral que permita la legalización y eventual ciudadanía de los once millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., un asunto que está causando fisuras con la oposición.

Durante una mesa redonda con medios de comunicaci��n en español, tanto el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, como otros senadores implicados en las negociaciones para un plan reformista, dijeron que evitarán los errores de 2006 cuando fracasó la reforma.

“Nada avanzará a menos que se incluya una vía para la (eventual) ciudadanía para los indocumentados que están acá. Haré todo lo que esté a mi alcance para que este proyecto de ley llegue a la meta lo más pronto posible”, dijo Reid, al calificar la reforma como uno de los “asuntos más apremiantes hoy en día”.

Por su parte, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, tachó de “inaceptable” la idea de algunos conservadores de excluir a los indocumentados de la posibilidad de solicitar la ciudadanía en el futuro.

En la actualidad, la ley establece un período de espera de cinco años para los residentes legales que quieran solicitar la ciudadanía y reúnan todos los requisitos, y de tres años para miembros de las Fuerzas Armadas.

“La noción de que podemos corregir nuestro sistema de inmigración mediante una reforma migratoria integral sin incluir una vía hacia la (eventual) ciudadanía es inaceptable: no queremos terminar con un grupo de gente en EE.UU., sin país o identidad nacional”, dijo Durbin.

Según Durbin, bajo el plan reformista del Senado, el proceso de legalización, desde el período “de prueba” en el que se emitirían permisos temporales hasta recibir la tarjeta verde, podría tomar “diez años”, aunque el plazo está por definirse.

La propuesta del llamado “Grupo de los Ocho”, cuatro demócratas y cuatro republicanos del Senado, exige que, para lograr la legalización, los indocumentados se registren con el Gobierno; se sometan a revisión de antecedentes criminales; paguen sus impuestos y una multa, y aprendan inglés e historia cívica.

Un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes elabora su propia versión de la reforma, mientras la Casa Blanca ha emprendido una campaña pública nacional a favor de la reforma, con la ayuda de sindicatos, empresarios y grupos progresistas.

Preguntado sobre cuántos y quiénes quedarían amparados dentro de una eventual reforma, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, precisó que la vía a la ciudadanía podría incluir a aquellos indocumentados que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

“No hemos concluido (las negociaciones), así es que no quiero que lo digamos acá se tome como algo definitivo” pero los amparados bajo el TPS “probablemente serían elegibles para la vía que estamos sugiriendo”, matizó.

Más adelante, en declaraciones a Efe, el senador demócrata por Nueva Yor, Chuck Schumer, insistió en que la vía para la ciudadanía ha existido desde siempre en EEUU, y sugirió que cambiar eso ahora daría pie a ciudadanos de segunda clase.

“Nunca hemos tenido una clase separada de gente que vive en EEUU y no pueda convertirse en ciudadanos. Eso es lo que hizo Europa y creó todo tipo de problemas para todo el mundo”, señaló Schumer.

Schumer subrayó que, contrario a 2006, ahora hay más optimismo sobre la reforma por una convergencia de factores: hay un mayor apoyo popular a la legalización, la oposición de los “medios de ultraderecha” se ha reducido, y los republicanos, en general, “saben que si mantienen una postura anti-inmigrante correrán riesgos políticos”.

“Hemos aprendido de los errores del pasado” para reducir la posibilidad de que se presenten enmiendas que puedan torpedear la aprobación de la reforma, agregó Schumer.

La propuesta del Senado también pide un aumento de la vigilancia fronteriza mediante un aumento de agentes fronterizos y del uso de aviones no tripulados, entre otros elementos.

Los senadores continúan negociando los pormenores de cómo se certificarían las mejoras en la seguridad fronteriza, si bien algunos republicanos exigen que la legalización esté supeditada a ese requisito.

Durbin señaló que el Gobierno gasta “18,000 millones de dólares al año (en la seguridad fronteriza), más de lo que gastamos en el Servicio Secrto, el FBI, la DEA” y la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en ingles), y se quejó que, pese a las mejoras, los republicanos “quieren más”.