Jurado debe decidir

Deliveran sobre el destino de los exfuncionarios de la ciudad Bell
Jurado debe decidir
Former Bell, Calif. mayor Oscar Hernandez, left, and defendant Victor Bello, right listens to closing arguments in a massive city corruption trial in a downtown Los Angeles courtroom Wednesday, Feb. 20, 2013. The former mayor and vice mayor and four former city council members of the Los Angeles suburb of Bell are charged with misappropriation of public funds in a plot to line their own pockets at the expense of citizens. Also on trial are former vice mayor Teresa Jacobo, and former council members, George Mirabal, George Cole, and Luis Artiga. (AP Photo/Los Angeles Times, Irfan Khan, Pool)
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El veredicto sobre los funcionarios de Bell acusados de supuesta malversación de fondos y elevados salarios está ahora en las manos del jurado. El viernes, alrededor de las 10:30 a.m. y luego de dos días de oir los argumentos finales de ambas partes, los miembros del jurado comenzaron la etapa de deliberaciones para determinar si los exconcejales son o no culpables de los cargos de corrupción.

El juicio a Luis Artiga, Teresa Jacobo, Víctor Bello, George Cole, George Mirabal y Oscar Hernández, que comenzó el 25 de enero, es el primero de dos casos criminales. El segundo caso, que comenzará en una fecha futura, involucra al gerente de la ciudad, Robert Rizzo y a su asistente Angela Spaccia acusados de corrupción, malversación de fondos y salarios elevados.

Rizzo llegó a cobrar un millón y medio de dólares anuales como administrador de Bell, una de las ciudades más pobres de la región, de 2.5 millas de extensión y alrededor de 35,000 habitantes. Según datos del censo, el 93% de los residentes de Bell es latino y gana un sueldo promedio de 38,000 dólares.

Los abogados de la defensa argumentaron que los funcionarios no sabían que sus sueldos de más de 100,000 dólares anuales por un trabajo de medio tiempo eran ilegales y se confiaron en la palabra del abogado de la ciudad y un auditor independiente.

“Dónde se encuentra el auditor que dijo que esto era OK?”, preguntó el jueves el fiscal Edward Miller al jurado. Como respuesta al comentario del fiscal, Ronald Kaye, abogado de Geoge Cole pidió el viernes que se anulara el juicio, argumentando que el fiscal Edward Miller había violado la orden de la jueza Kathleen Kennedy de excluir las auditorías y los auditores como testigos.

Según Kaye, el comentario del fiscal dio la impresión al jurado que la defensa estaba escondiendo algo.

Pero la jueza Kennedy negó la anulación y le indicó al jurado que no consideren a los auditores. Según los abogados de la defensa, sus clientes se habían ganado cada centavo del sueldo con su trabajo.

Los salarios de los nuevos concejales de Bell son de aproximadamente 670 dólares mensuales.