SACRAMENTO, California.— Legisladores de ambos partidos buscan expandir una ley de una década de antigüedad que permite a los condados aplicar tratamientos de salud mental por resolución judicial para aquellos que se nieguen a buscar ayuda por sí mismos.

El renovado interés por la Ley Laura, que se encuentra vigente en solo dos de los 58 condados de California, surge en un momento en que los legisladores buscan formas de detener la violencia masiva que se vivió el año pasado en Newtown, Connecticut, y en Aurora, Colorado. En ambos tiroteos participaron hombres jóvenes con problemas de salud mental.

La ley, promulgada por la Asamblea Legislativa en 2002, puede ser utilizada si un juez halla que un paciente no está recibiendo tratamiento de forma voluntaria, tiene antecedentes de hospitalización o comportamiento violento, y puede ser peligroso.

La falta de dinero y la actual controversia respecto a obligar a las personas con enfermedades mentales a recibir tratamiento ha llevado a que la mayoría de los condados decidieran no promulgarla. Algunos objetan el tratamiento forzoso si no se han cometido delitos. Otros indican que la perspectiva podría disuadir a las personas con enfermedades mentales a buscar tratamiento de manera voluntaria por miedo a terminar bajo supervisión por resolución judicial.

Los legisladores demócratas ahora señalan que los beneficios superan a los riesgos y los republicanos que se oponen a las restricciones en el porte de armas están llevando la atención hacia los asuntos de salud mental como forma de atender el problema de la violencia.

Cinco legisladores, incluyendo al líder demócrata del Senado estatal y al líder republicano de la Asamblea, presentaron los proyectos de ley que expandirían la ley o proporcionarían financiación para apoyarla.

Steinberg dijo que la financiación estatal no debería diferenciar entre aquellos que reciben servicios de manera voluntaria o involuntaria. Él y el co-autor de la Propuesta 63, Rusty Selix, dijeron que el mayor énfasis debería ponerse en obtener más dinero para los servicios de salud mental en general.

Selix, director ejecutivo de Mental Health America en California, se encuentra entre los que están preocupados porque las personas que se traten contra su voluntad puedan mostrarse reticentes a buscar ayuda en el futuro. También le preocupa que la Ley Laura se vea como una panacea, cuando en realidad se aplicaría en una población muy pequeña que no puede recibir ayuda a través de otras leyes.

Yee, psicólogo infantil, se siente impaciente con los profesionales de la salud mental que, según dijo, se muestran renuentes a aplicar un tratamiento involuntario aún cuando pareciera ser para beneficio de sus pacientes. Otra resistencia, dijo, parece ser de aquellas personas que están preocupadas porque el mayor gasto en la Ley Laura pueda significar el desvío dinero de sus programas.

“Siento mucho que tuviera que ocurrir el tiroteo de Connecticut para que las personas comprendieran la importancia de la Ley Laura”, indicó.

Yee cita el caso de un joven de 19 años del Condado de Orange cuya madre no podía ofrecerle tratamiento luego de que cumplió la mayoría de edad. Ahora enfrenta cargos penales por amenazar con hacer estallar un banco si un cajero no le entregaba 1,000 dólares. En 2011, las autoridades del Conado de Orange optaron por no participar en la Ley Laura debido a su costo.

“Falta de tratamiento significa ahora que la persona va a ir a prisión”, dijo Yee.

California se encuentra entre los 44 estados con leyes que permiten los programas de tratamiento por disposición judicial, aunque la implementación varía debido a barreras legales y de otros tipos.

Solo un condado de California (el Condado Nevada, donde vivía la persona que dio nombre a la ley) ha implementado de manera total un programa por resolución judicial.

Laura Wilcox fue una de las tres personas asesinadas en 2001 cuando Scott Harlan Thorpe abrió fuego primero en una clínica de salud mental y luego en un restaurante cercano.

“Estamos muy decepcionados de que no se haya implementado en todo el estado”, dijo a The Associated Press Amanda Wilcox, madre de Laura. “Los resultados han superado las expectativas de todos.”

Los defensores de la ley citan el éxito de la Ley Kendra en Nueva York, el modelo para la Ley Laura. Esta ley redujo de manera significativa la cantidad de pacientes sin hogar, hospitalizados, con intento de suicidio o con participación en delitos o abuso de sustancias.