Avances sobre el control de armas

WASHINGTON, D. C.— Para Carol Gaxiola, de 58 años, el debate sobre el control de las armas tiene un nombre: Jasmin, su hija que murió asesinada en 1999, a los 14 años de edad.

Algunos grupos confían en que el rostro humano del debate es lo que moverá montañas en el Capitolio.

Esta semana el Comité Judicial del Senado avanzó en dos propuestas claves: un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de asalto y otro para implementar un chequeo universal de antecedentes personales de quienes las adquieren.

Aunque ambas iniciativas están técnicamente listas para ser llevadas a votación en el pleno del Senado, su destino es incierto: demócratas y republicanos votaron en las líneas de su partido y sin colaboración no habrá cambios.

Se espera que la Cámara Alta produzca un proyecto de ley básico donde es probable que al menos la prohibición a las armas de asalto se sume como enmienda. En ese caso se necesitarán al menos 60 votos para ser aprobada.

Legisladores como el presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy (D-VT), están conscientes de los obstáculos pero él reiteró “que los estadounidenses necesitan reformas ahora”. Por su parte el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, elogió los avances en el Senado. “El Presidente le da la bienvenida a estas propuestas y urge al Congreso a mantener el esfuerzo”, dijo.

En paralelo, en la Cámara de Representantes el grupo de trabajo para prevenir la violencia con armas —compuesto solo por legisladores demócratas— se ha esforzado por mantener vigente el debate a través de audiencias. En febrero pasado presentaron 14 proyectos de ley sobre el tema.

Pero más allá de las señales políticas, organizaciones e individuos a favor de restringir el acceso a las armas esperan doblarle la mano a un tema que históricamente ha generado controversia, sin grandes reformas.

El centro de ese esfuerzo son las historias y los rostros de estadounidenses que han sido víctimas de la violencia, además de expertos y funcionarios judiciales.

Gaxiola es uno de ellos. “¿Se imaginan lo que se siente que el corazón explote y se rompan todos los huesos de su cuerpo? Así me sentí yo cuando me dijeron que mi hija había muerto asesinada”, dijo.

“En lugar de tener un certificado de graduación para secundaria, uno de matrimonio, un título universitario, lo único que tengo es este certificado de defunción”, dijo ayer en una audiencia celebrada por el grupo de trabajo para prevenir la violencia con armas.

Esta madre no está sola. Un grupo de ciclistas llegó esta semana al Capitolio luego de recorrer 643 kilómetros desde la escuela Sandy Hook de Newton, Connecticut, donde 26 niños murieron en diciembre pasado.

Esa tragedia, al igual que la ocurrida en un cine de Aurora, Colorado; la masacre en Virginia Tech; y el ataque de Tucson, Arizona han llevado a amigos, padres, hermanos e hijos de las víctimas al Congreso de EEUU.

Actualmente cuatro de 10 compras de armas se realizan sin un chequeo de antecedentes. Legisladores demócratas de ambas cámaras han insistido en que una reforma, sin un elemento tan básico como una revisión universal, no se traducirá en un cambio sustantivo en el país. Por su parte la influyente Asociación Nacional del Rifle ha enfatizado que en lugar de empujar por un control de armas amplio, tanto legisladores como la Casa Blanca deben enfocarse en expandir las condenas de criminales, asegurar las escuelas y mejorar el sistema de salud mental.

En caso que el Congreso apruebe una reforma ese no será el fin de la lucha. Oficiales de estados como Alabama ya han declarado públicamente que lucharán en las cortes por eliminar la legislación.